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​La de por sí alicaída imagen del Congreso -forjada desde hace varios años en que fuimos testigos del accionar de “comepollos”, “robacables”, “mataperros”, jefes de “empleados fantasmas”, lavadores de dinero, violadores y hasta dueños de prostíbulos- podría verse aún más dañada si el Poder Legislativo opta por pasar por agua tibia las inconductas de algunos de sus miembros, cuyos casos se han visto o se verán en la Comisión de Ética.

18 de Mayo del 2017 - 07:30 Iván Slocovich

La de por sí alicaída imagen del Congreso -forjada desde hace varios años en que fuimos testigos del accionar de “comepollos”, “robacables”, “mataperros”, jefes de “empleados fantasmas”, lavadores de dinero, violadores y hasta dueños de prostíbulos- podría verse aún más dañada si el Poder Legislativo opta por pasar por agua tibia las inconductas de algunos de sus miembros, cuyos casos se han visto o se verán en la Comisión de Ética.

Hemos conocido hace poco el caso del aprista Elías Rodríguez, quien plagió el texto de seis proyectos de ley, por lo que incluso tuvo que renunciar el año pasado a la Tercera Vicepresidencia del Congreso. Se pidió suspenderlo por 30 días, pero al final el Pleno de mayoría fujimorista decidió solo amonestarlo por escrito y cobrarle una multa equivalente a un mes de sueldo. Sin duda la sacó barata. La apropiación de la propiedad intelectual de otro quedó en nada.

Ahora están por verse el caso del oficialista Carlos Bruce, quien pidió resguardo policial para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde, y el de la fujimorista Maritza García, famosa por asegurar que tenía hasta una maestría… sin haber acreditado certificados escolares de quinto de secundaria. Para ambos se pide 120 días de suspensión, aparte de las denuncias penales que puedan caerles, y habrá que ver si el pleno también los salva como al aprista Rodríguez.

Quedan por verse otros casos de legisladores que no consignaron en sus hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sentencias judiciales, propiedades, ingresos económicos y que al parecer no acabaron ni el colegio. Todo ello no solo implicaría una sanción a nivel ético en el Congreso, sino también penal, como informó ayer el diario El Comercio. De confirmarse esto, ¿habrá sanción o se aplicará el nefasto “otorongo no come otorongo”?

El Poder Legislativo está en la obligación de sancionar ejemplarmente a sus integrantes de dudosa ética, sin anteponer otro tipo de intereses. Acá no puede caber el pacto, el arreglo o el “hoy por ti y mañana por mí”. Los peruanos debemos estar muy atentos para ver si se castiga a todos esos personajes que superaron los filtros que debieron poner las agrupaciones políticas, antes de las elecciones, y el JNE, o si todo se esconde debajo de la alfombra.

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