Gran parte de los pobladores que perdieron sus viviendas, a raíz de inundaciones y huaicos presentados en diferentes regiones del país, fue porque ocupaban zonas de riesgo y donde jamás debieron instalarse.

Hasta el cansancio se habló, en recientes semanas, de este desorden urbano en terrenos que son quebradas y cauces ganados a ríos, por donde en alguna oportunidad discurrió agua y lodo, pero durante los años anteriores no se hizo nada y, es más, las autoridades locales y regionales de manera cómplice, por interés político, adjudicaron tales propiedades. Hoy tal negligencia nadie quiere reconocer y menos aceptar que en parte son responsables de la desgracia ocurrida en el país.

El congresista del oficialismo Carlos Bruce anunció que alista un proyecto de ley, en el que propone considerar la entrega de certificados de posesión en zonas de riesgo como causal de vacancia de un alcalde.

Inmediatamente, Óscar Benavides, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), ha salido en defensa de los alcaldes, al señalar que ellos no entregan títulos de propiedad ni cesiones de terreno y eso es responsabilidad del Cofopri.

Posiblemente, la propuesta de Bruce caiga en saco roto, pero urge determinar qué autoridad o institución ha venido errando en su trabajo al reconocer ocupaciones indebidas sin respetar los planes de crecimiento urbano. Es hora de cortar de raíz este tipo de situaciones cuanto antes, y el Gobierno debe encontrar una solución inmediata y poner orden en esto.