La seria denuncia contra el gobernador regional del Callao por un presunto cobro de sobornos y la detención del alcalde de Chilca, Lima, acusado de integrar una red criminal dedicada al tráfico de terrenos y estar vinculado a sicarios, ha generado nuevamente una desvalorización de la clase política.

Y sucede en momentos que algunos miembros del Gobierno manifestaban su respaldo a la propuesta de reelección de gobernadores regionales y alcaldes. Por ejemplo, en los últimos días el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y la congresista y segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se mostraron de acuerdo con esta medida, “porque muchas veces los cuatro años se quedan cortos para hacer gestión”.

Seguramente, los últimos casos de corrupción en los que están involucradas autoridades electas producirán la aparición de voces que pidan que no se altere la ley que prohíbe la reelección de gobernadores y alcaldes, aprobada por el Congreso en el 2015.

Lo más lamentable es que el descrédito y la desconfianza hacia nuestras autoridades vuelven a galopar. Y ya se sabe, la confianza se construye día a día y con actos, más que con bonitas y sentidas palabras; aunque, por supuesto, se diluye en un instante.

La ley contra los políticos corruptos llegará hasta donde pueda y la dejen, pero la conciencia ciudadana irá más allá. Alejarse de los reales intereses de la población, ser inoperantes e incapaces de cumplir sus promesas, genera desilusión, pero que sean corruptos produce sanciones. Ya se sabe, la gente otorga premios y también castigos.