Nuevo disparo a los pies

Difícil entender que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya incluido al exintegrante del Tribunal Constitucional (TC) Gerardo Eto Cruz en un grupo de trabajo destinado a revisar el Código Procesal Constitucional, pues dicho abogado, si bien nunca fue sentenciado, sí fue denunciado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por el presunto cobro de una coima de 80 mil dólares, cuando era magistrado, para librar de una condena al exalcalde Chiclayo Roberto Torres.

El caso de Beto Torres lo recuerdo muy bien, pues cuando yo era director de Correo Lambayeque, hicimos una muy bien documentada denuncia por una acción que implicaba el delito de peculado de uso, que le valió ser condenado a dos años de prisión suspendida, la cual le impedía seguir ocupando el cargo de burgomaestre. Fue la primera sentencia que le cayó a este personaje, que hoy está encerrado en el penal de Picsi por otras irregularidades en su gestión.

Según la grave denuncia del Ministerio Público contra Eto Cruz, basada en lo dicho por un colaborador eficaz, el hoy exmagistrado habría cobrado 80 mil dólares por presuntamente ayudar con su voto a dejar sin efecto la condena de dos años contra Torres y así permitir que vuelva al sillón municipal. La demanda de Sánchez Velarde llegó al Congreso, pero fue archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El caso quedó ahí en materia judicial.

Sin embargo, el hecho de que el Congreso pasado, con mayoría humalista, haya desechado la denuncia del fiscal Sánchez Velarde, no quita sombras sobre Eto Cruz, quien es y será inocente hasta que un juez lo sentencie -si es que lo sentencia algún día-, aunque en mi modesta opinión no debió ser nombrado nunca por un gobierno que viene teniendo serios problemas por sus “jales” y que quiere mostrarse lejos de personajes al menos cuestionados por presunta corrupción.

Habría que preguntarle a la ministra Marisol Pérez Tello si en el país no existen otros abogados constitucionalistas capaces de integrar la mencionada comisión y que no hayan sido denunciados por el fiscal de la Nación por presuntamente recibir una coima. De hecho que los hay, por lo que no se entiende esta aparente vocación de los representantes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de ganarse cuestionamientos en temas que tranquilamente podrían ser evitados.