“Organización criminal”

El hecho de que el Ministerio Público haya considerado que el Partido Nacionalista Peruano con Ollanta Humala y Nadine Heredia a la cabeza era una “organización criminal”, y que el Poder Judicial acoja ese argumento para mantener en la cárcel a ambos, debe llevar a todos los que han sido parte de esa organización, o aún lo son, a refutar tal argumento o, en todo caso, a hacer un mea culpa por haber sido, en buena cuenta, integrantes de una banda de hampones dedicados a enriquecerse.

Si tomamos en cuenta lo afirmado por los fiscales de dos instancias, y que fue recogido por jueces también de dos instancias, tenemos que personajes como Verónika Mendoza, Marisol Espinoza, Daniel Abugattás, Ana Jara, Josué Gutiérrez, Santiago Gastañadui y Daniel Urresti, entre muchos otros, o han sido los tontos útiles de Humala y Heredia o sus cómplices en el delito de lavado de activos agravado, por el dinero ilegal que les llegó a manos llenas de Venezuela y Brasil.

Y es que una “organización criminal” con ramificaciones internacionales, tal como la han definido los magistrados antes de su resolución -que todos debemos respetar-, no puede actuar con solo dos personas. Tiene que haber contado con el apoyo de otros. Por eso sería bueno conocer la posición de quienes estuvieron y están al lado de los esposos que llenaron sus bolsillos con dinero sucio para las campañas electorales de 2006 y 2011.

También sería interesante saber si los partidarios y expartidarios de los Humala-Heredia siguen creyendo que todas las denuncias sobre ellos, que vienen desde 2006 hasta el caso de las agendas en 2015, continúan siendo parte de un complot de los fujimoristas o de los apristas, o de la derecha o de la prensa. ¿Qué dice Abugattás? ¿Qué dice Urresti, que hasta hace poco más de un año iba a ser el candidato presidencial de una “organización criminal?

La calificación que ha dado nuestro sistema judicial a la agrupación de los Humala-Heredia no es cosa menuda, y debe significar también un llamado de atención al Congreso y a los órganos electorales sobre la necesidad de dar normas claras que impidan que un partido debidamente inscrito, y que hasta se da el lujo de llegar al poder, esté actuando como una banda al margen de la ley para recibir dinero y llevárselo a su casa.