Otro “perseguido político”

Como pocas veces en nuestra historia reciente, el Poder Judicial se ha puesto los pantalones para actuar de acuerdo a la ley y sentenciar con siete años de prisión efectiva a Walter Aduviri Calisaya, quien en 2011, pocos días antes de las elecciones generales, encabezó el llamado “aymarazo” contra las operaciones de la minera canadiense Bear Creek, que había obtenido una concesión para operar en la región Puno.

Para quienes no lo recuerdan, esta asonada de violencia disfrazada de “protesta social” consistió en el ataque y quema de locales públicos por parte de turbas que, según el Ministerio Público y ahora también el Poder Judicial en su sentencia en primera instancia, Aduviri Calisaya estuvo al frente de estos hechos. Las sedes de la Prefectura, Contraloría, Sunat y Aduanas fueron atacadas. En esta última institución fue incendiado un almacén lleno de vehículos.

Señalo en el primer párrafo que el Poder Judicial ha actuado con energía como pocas veces, porque son innumerables los casos en que hechos de violencia de este tipo han quedado impunes. Ahí están el “baguazo”, el “moqueguazo”, los desmanes y tomas de carreteras en Cajamarca y Arequipa contra proyectos mineros, entre otros. Incluso, algunos de los que encabezaron todo eso se dieron el lujo de postular a la Presidencia de la República y al Congreso.

Pero como no podía ser de otra manera, días atrás el ahora condenado Aduviri Calisaya, quien además tendrá que pagar una reparación civil de dos millones de soles, ya salió con la historia de que es un “perseguido político”. Lo de siempre. El mismo argumento que suelen usar desde expresidentes metidos en líos hasta el chalaco “Caracol” y las caras visibles del Movadef, pasando por el excontralor. Recurrir a esa historia se ha vuelto parte del paisaje en nuestro país.

La condena contra Aduviri Calisaya, que tendrá que ser ratificada en segunda instancia para que se haga efectiva, debe de servir como precedente para sancionar toda aquella protesta que, por muy legítima que pueda ser, derive en actos de violencia o tomas de vías, que de por sí solas ya deben implicar pena de cárcel efectiva, aunque por ahora no haya nadie preso por ese tipo de acciones. Las leyes están hechas para que los jueces las cumplan.