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El país -parece- está condenado a ser testigo, siempre que los procesos de licitación pública tengan cuestionamientos y eso no es ajeno ahora con la reciente adquisición de vehículos para la Policía Nacional.

Años atrás se criticó la adquisición de unidades de procedencia china y la licitación demoró mucho, al final llegaron los patrulleros y el tiempo perdido nunca se recuperó. El proceso tuvo serios reparos.

La última compra de 2158 vehículos mediante la modalidad de gobierno a gobierno (Perú-Corea), a un costo de 81 millones 965 mil dólares, levantó polvareda cuando el recién estrenado contralor Edgar Alarcón advirtió algunas deficiencias en la adquisición y dijo “podría generar cierto perjuicio económico al país, razón por la cual debe de investigarse el caso”.

En las últimas horas, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, salió a exponer sobre errores en la compra (no calificó de irregularidades) y por ello anunció que dicha modalidad no volvería a aplicar más el gobierno y se optaría por el alquiler de patrulleros.

Por ello, lo dicho por el ministro debe ser materia de un profundo estudio para cambiar el sistema que permita contar con patrulleros en cada comisaría del territorio nacional, y que realmente presten servicio y no cumplan la función de ser simples adornos decorativos.

La decisión de alquilar vehículos es nueva y por ello tiene que ser explicada con transparencia y claridad para evitar más suspicacias en estos temas, donde se invierten fuertes presupuestos.

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