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La existencia de 86 generales en la Policía Nacional del Perú no tiene ninguna justificación y revela la forma obtusa en que el gobierno de Ollanta Humala emprendió la lucha contra la inseguridad ciudadana. Este régimen recibió el mando con 42 oficiales de ese rango, purgó a 30 y quedaron 12. En enero de 2013, solo un año y medio después, ya había 49 y hoy son 86. ¿Cuál es la razón para semejante despropósito? Un estudio del Instituto Integración señala que a inicios de 2011 el Perú tenía alrededor de 100 mil policías y hoy tiene 124 mil. Un policía por cada 240 habitantes. Es decir, mientras que el número de los que deben cuidar las calles y exponerse al riesgo, la base de la lucha contra el crimen, creció en un 24%, los que están en el escritorio, ganando sueldos altísimos y disfrutando de gollerías como la provisión de gasolina -si no asociados con la corrupción- se incrementaron en más del doble. ¿Qué pasó? El propio próximo ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha expresado que “presiones políticas” de Palacio de Gobierno habrían originado este insólito desfase. En ese contexto, la designación del exviceministro del Interior ha dejado una estela de dudas por su excesiva predisposición al “diagnóstico”, ese del que tanto vive cierta izquierda. Por eso, su reto ahora es demostrar que está preparado para desterrar sin miramientos las causas profundas que pudren a la Policía por dentro y que mucho tienen que ver con esa corte de poder que fue alimentando Humala con intereses ajenos a las necesidades del país. Basombrío debe pasar, pues, del diagnóstico a la acción, y como primer paso expulsar a los corruptos que mancillan una institución tutelar, empezando por los generales.

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