Fuerza Popular es una agrupación que se jacta de tener una sólida estructura, de actuar de manera disciplinada y de responder al liderazgo indiscutible de Keiko Fujimori. Dicho esto, sería bueno saber que la dos veces candidata presidencial es quien está detrás del proyecto de ley de sus congresistas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo con el que se pretende atentar contra la libertad de prensa y hasta violar el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

La propuesta de ley de las legisladoras fujimoristas busca impedir que sean directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de medios de comunicación privados, incluso de los impresos -que no usan el espectro radioeléctrico que asigna el Estado-, aquellos ciudadanos que tengan una condena o hasta una investigación abierta por delitos de corrupción.

Quienes proponen esta norma -que ni a Vladimiro Montesinos se le pudo ocurrir para sacar del camino con una simple denuncia ante el Ministerio Público a los periodistas y directivos incómodos al régimen de Alberto Fujimori en los años 90- dicen que con esto se busca que los medios no tergiversen, escondan información o impidan la realización de una eficiente labor investigativa de los actos de corrupción. Suena lindo, ¿no?

Pero eso no es todo. Las fujimoristas Letona y Aramayo también plantean una “veeduría ciudadana” adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que se encargue de verificar la “neutral, objetiva y desinteresada” conducción de los medios. En otras palabras, están creando un ente que controle los contenidos de acuerdo a lo que le parezca al gobierno de turno. Reitero: esto no se le pudo ocurrir ni al “Doc” en sus años de “gloria”.

Una sentencia no puede acabar con la libertad de expresión de un ciudadano, entre los que estamos los periodistas, y mucho menos una investigación. Tampoco puede privar a los dueños de los medios de tomar decisiones desde un directorio. ¿Qué están buscando los fujimoristas con este proyecto, que además pretende regular contenidos con una “veeduría”? Sería bueno que responda Keiko Fujimori, quien -según su propio partido- es la que toma las decisiones en tienda “naranja”.