En el penoso contexto de una Venezuela flagelada por la violencia estructural que lleva 7 semanas de protestas ininterrumpidas en las calles de todo el país, y con un único responsable de sus consecuencias, que es el dictador Nicolás Maduro, el continente americano se apresta a una sesión extraordinaria de sus cancilleres para evaluar la situación del país llanero. 

Pero es de llamar la atención que el marco para definir la situación interna de lo que está pasando en Venezuela no puede circunscribirse solamente a la Carta de la OEA, que ya es relevante, sino, y en modo ad hoc, a la Carta Democrática Interamericana. Los países del hemisferio -básicamente los centroamericanos y caribeños, con Nicaragua a la cabeza- que se muestran indiferentes con lo que le está pasando al castigado pueblo venezolano y que, escandalosamente, apañan al régimen chavista, desnudado por donde se lo mire como gendarme, pero sobre todo al propio Maduro y su cúpula, no deberían perder perspectiva para tener presente que conforme al artículo 143° de la Carta de la OEA solo “… transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”. 

Esto último quiere decir que Venezuela tiene responsabilidad dentro de la organización y que no obstante haber decidido desaforarse unilateralmente del mayor foro político continental, igual es responsable de lo que suceda como parte del sistema panamericano hasta que no se produzca su salida formal al cabo de los dos años que ya han empezado a computarse desde el mes pasado siempre y cuando no mantenga saldo sobre sus responsabilidades, sean políticas, económicas y/o administrativas. Hasta las sanciones que pudieran decidirse en esta etapa de su salida tendrían alcance sobre el país.