Sé que la gente tiene ciertos resquemores con el empresariado, ahora más que nunca tras el destape de la invasión coimera de Odebrecht. Sin embargo, este sector es una pieza fundamental en el desarrollo del país. Por lo tanto, en la lucha frontal contra la corrupción, deben y tienen mucho que aportar.

Por eso, es importante que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tomen en cuenta la propuesta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), para que se castigue no solo a los corruptos sino, también, a los corruptores del sector privado.

Como bien dice Martín Pérez Monteverde, titular de la Confiep, cuando una empresa privada detecta a un corrupto en su sector suele proceder con su despido inmediato -previo acuerdo para agotar la vía administrativa-, pero ¿qué pasa con el corruptor? Pues, nada. Ahí acaba la función del sector privado.

Claro, pero parte de la responsabilidad la tienen los empresarios que cortan por lo fácil para no perjudicar su imagen como empresa. Por ejemplo, cuando en un banco, constructora o restaurante se detecta que alguien está metiendo mano a la caja, casi siempre la novela acaba con su salida, pero no queda un antecedente y la maña puede más tarde filtrarse hasta en el sector estatal.

El plan del empresariado, que mucha responsabilidad tiene sobre sus agremiados con malas prácticas y que no suelen ser castigados penalmente, es que el tema de corrupción no culmine con el despido o la renuncia voluntaria del trabajador corrupto, sino que se persiga por la vía legal a quien rompió la mano.

Creo que PPK o Fuerza Popular deben agarrar esa flor del empresariado y comenzar a tipificar las penas que pueden recaer sobre quien se encarga de podrir el aparato privado. Creo que es lo más justo. Si pedimos que el país reduzca el robo de cuello y corbata, también debemos mirar de donde sale la marmaja.