El país no se detiene ante la caída de huaicos que golpean a más de la mitad del territorio y cuando pase este fenómeno natural, el desafío será la reconstrucción de los daños y la asistencia al casi millón de peruanos damnificados. Duro momento que se vive.

Sin embargo, de manera paralela, deben seguir las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP) y los procesos que tiene el Poder Judicial (PJ) en diferentes despachos sobre actos de corrupción, puestos al descubierto en los últimos años, en especial los conocidos tras la información divulgada el 21 de diciembre del 2016, cuando la brasileña Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pagó coimas a funcionarios públicos en 11 países, entre ellos Perú con 29 millones de dólares.

Comunicación que al cierre del año pasado generó -sin duda alguna- un huaico de denuncias y especulaciones que dejaron a varios expoderosos del país en condición de “damnificados” y otros en situación de “zombis políticos” por su mal accionar, el mismo que debe castigar la justicia. El MP y el PJ tienen una deuda pendiente con el país para resolver estos casos de corrupción, cuyos magistrados están en la obligación de aplicar las penas que les corresponde a quienes defraudaron la confianza del pueblo que los eligió para gobernar.Coimas que se pagaron por diversas obras, entre los años 2005 y 2014, deben ser respondidas por estos nefastos personajes que tanto daño hicieron al país, quizá peor al que hoy nos dejan los huaicos y lluvias.