Hace una semana, en este mismo espacio, tocamos el tema de la seguridad ciudadana y recordamos las recientes palabras del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, quien ha dicho que gracias a las facultades que le ha otorgado el Congreso al Poder Ejecutivo su sector legislará con mayor velocidad en la lucha contra los delitos en aumento, como el sicariato y las extorsiones. Varias personas nos comentaron vía Facebook, por correo y en directo, que en realidad hay una duda creciente respecto a que se haga realidad este anuncio.

Y es que, nos advierten, hemos dejado ya hace mucho que la delincuencia germine y se asiente tanto en la capital como en varias provincias. Lamentablemente están evolucionando sin encontrar mayor oposición de las autoridades. Hoy, romper estas organizaciones delictivas se hace muy difícil, porque tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial y la Policía casi no atan cabos en estos casos. Y es que hoy están muy bien organizados y cuentan con el dinero suficiente como para infiltrar estos tres organismos de tal forma que en muchos casos ya saben cuándo, cómo y dónde habrá operativos. Y si caen, lo más probable es que sus abogados bien pagados -lo que no ocurre con cualquier mortal como usted o como yo- estén listos para enviar cartas notariales a los medios y cuenten con estrategias válidas y no tan santas para liberarlos sin problemas. Si no lo cree, debería darse una vuelta por Ica donde hubo que trasladar personal policial y fiscales de Lima para capturar a más de 30 presuntos integrantes de la “sagrada casta”, un clan familiar que empezó hace más de una década robando carros y evolucionaron para ampliar su repertorio que incluye tráfico de drogas, extorsión y sicariato. No me extrañaría que en los próximos días estén casi todos libres y tranquilos, en medio del silencio y complicidad policial y judicial.

El ministro Pérez Guadalupe debe tener presente que la delincuencia a la que quiere derrotar lo supera de hace mucho y, además de leyes más duras y adecuadas a nuestra realidad, debe dejar de contar con policías mal pagados, mal armados, mal entrenados y, para remate, infiltrados por la delincuencia. Así no va a enfrentar de verdad a estas bandas que los superan en cantidad, fuerza y recursos. A estas alturas, los peruanos dudamos de todo lo que nos prometen porque los resultados son nulos. Tal vez tener entre sus filas verdaderos expertos en seguridad ayude a los ministerios del Interior y Justicia a hacer frente con otros ojos a la delincuencia organizada, que puede ganar esta guerra si seguimos esperando por un milagro.