Revolución judicial

Desde mi punto de vista, la reforma o la revolución en el sistema judicial tiene que ser dirigida por jueces y por fiscales. Si bien es cierto que todos deben participar: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los gobiernos subnacionales, los partidos políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil, la dirección debe estar en manos de los buenos jueces y fiscales y otros especialistas calificados del Perú y del extranjero.

Debemos realizar un seguimiento de los sucesos en el sistema judicial para hacer un diagnóstico que sirva a los futuros responsables de una reforma radical de la justicia. No debemos olvidar que sin un sistema judicial eficiente no hay civilización. El trabajo será arduo y durará mucho tiempo. Lo más difícil puede ser por dónde empezar.

Mi trabajo será analizar la información abierta. Por ejemplo, en un comunicado del Poder Judicial del Perú, encabezado por la Corte Suprema de Justicia de la República, firmado por el presidente del Poder Judicial y bajo el título “Avances en la administración de justicia”, descubro que vivo en un paraíso judicial. Según este Comunicado, la reforma o la revolución judicial ya está en marcha. La Constitución Política del Perú del año 1993 establece en su Artículo 144 lo siguiente: “El presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial”.

No sé si esta Sala Plena ha aprobado el texto del citado comunicado que tiene un inicio muy personal: “Durante el desarrollo de mi gestión como presidente del Poder Judicial en el bienio 2015-2016 y teniendo como premisas fundamentales la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces, se lograron imponer avances en la administración de justicia a favor de la población…”. El final de este documento publicado en varios diarios también está personalizado y firmado por Víctor Ticona Rodrigo, quien concluye con el siguiente texto: “Avanzando con paso firme, demostramos la voluntad indeclinable de esta gestión para lograr un Poder Judicial moderno, confiable y eficiente que satisfaga las necesidades de justicia más urgentes de la población”.

A veces me parece que yo vivo en otro país. Yo sobrevivo en un país en el cual el Poder Judicial está desaprobado desde hace muchos años por la inmensa mayoría de los ciudadanos y en el cual la seguridad ciudadana es catastrófica y constituye uno de los más graves problemas de los peruanos. Llegar a tener un Poder Judicial moderno, confiable y eficiente sería el logro de una auténtica reforma, que tiene que ser tan radical que puede calificarse como una revolución judicial. Este proceso puede durar años si es que empezamos durante el periodo presidencial de PPK.

El presidente del Poder Judicial, en relación a la seguridad ciudadana, dice lo siguiente: “El Poder Judicial viene ofreciendo una contundente respuesta a la delincuencia común con la implementación de los juzgados de flagrancia, los cuales hasta la fecha han procesado de manera célere (sic) y eficaz a 40,860 personas inmersas en 38,623 casos. De esta manera, los procesos que antes se resolvían en más de 10 meses ahora culminan en días o semanas, con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las partes”. La voz “célere” significa “rápido”.

Para la percepción de los peruanos, lo que ha crecido muy rápido es la inseguridad ciudadana; la seguridad ciudadana es solo un objetivo de todos los poderes del Estado, incluyendo obviamente al denominado Poder Judicial. Según este comunicado, de otro país: “La lucha frontal contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales de esta gestión. Entre enero de 2015 y junio de 2016 se solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución de 43 jueces, así como se redujo sustantivamente la duración de los procesos disciplinarios ante la OCMA gracias a la aplicación de dos nuevos reglamentos aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En tanto, en similar periodo, los diferentes órganos jurisdiccionales del país han condenado a 2723 funcionarios y servidores públicos por actos de corrupción”.

En el paraíso judicial que nos menciona este comunicado también están incluidos los trabajadores: “Igualmente, continúan las gestiones al más alto nivel con el Ejecutivo y el Legislativo a fin de mejorar las condiciones económicas de los servidores judiciales, habiéndose obtenido el año pasado a su favor un bono permanente de 400 soles”. Los buenos jueces y los buenos fiscales deberían iniciar al más alto nivel las reuniones para comenzar una verdadera reforma del Poder Judicial que haga realidad los enunciados públicos de la Corte Suprema de Justicia. Esta reforma o revolución tiene que ser comandada por estos jueces y estos fiscales. Salvo mejor opinión.