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Héctor Mayhuire R.

Héctor Mayhuire R.

Rolando Luque y los 208 conflictos sociales en el país

​En cualquier momento, 25 conflictos sociales, de los 208 existentes, pueden estallar en el país y con ello desencadenar actos de violencia, según advierte el último reporte de la Defensoría del Pueblo.

03 de Octubre del 2016 - 06:30 Héctor Mayhuire R.

En cualquier momento, 25 conflictos sociales, de los 208 existentes, pueden estallar en el país y con ello desencadenar actos de violencia, según advierte el último reporte de la Defensoría del Pueblo.

Sorprende que, de estos casos, Arequipa se encuentre en el segundo lugar con cuatro, al igual que Áncash, superados por Loreto con cinco. Otras tres regiones del sur, Cusco (3), Moquegua (1) y Puno (1), están en la lista.

La presencia de conflictos sociales es latente y, como advirtió la Defensoría, en julio, en el inicio de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, había 211, ahora hay 208, de los cuales 152 se encuentran activos y 56 latentes.

Por ello, el gobierno de turno tiene que aplicar una adecuada política de prevención y diálogo, esto con el ánimo de encontrar alternativas al problema que pueda desencadenar en un conflicto que se pudo evitar.

De los 208 conflictos registrados, 147 corresponden a situaciones socioambientales, 18 involucran a gobiernos locales, 11 al gobierno nacional, 11 a demarcación territorial y 10 a comunal.

El sábado último, el arequipeño Rolando Luque Mogrovejo fue designado por el Gobierno como el nuevo titular de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuyo principal objetivo es prevenir los conflictos sociales.

Luque tiene una delicada misión al frente de dicha dependencia, más aún porque la misma no ha tenido una adecuada y positiva gestión en los últimos meses.

Al nuevo comisionado lo respalda su experiencia en el área de conflictos sociales de la Defensoría, donde estuvo por varios años, y ahora, al frente de esta nueva responsabilidad, tiene que conversar con los representantes de la sociedad civil, sector privado y funcionarios públicos para aplicar medidas que prevengan controversias, diferencias y conflictos sociales.