RR.EE. y Defensa

Con las exposiciones ante el Congreso, el lunes último, de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, Ricardo Luna y Mariano González, respectivamente, va quedando claro que al menos en esos sectores el expresidente Ollanta Humala y el entorno de su autodenominado “gobierno familiar” hicieron lo que les dio la gana y tiraron al suelo la institucionalidad, la cual debe ser recuperada por la actual administración.

En el caso de la Cancillería, el ministro Luna ha cuestionado que se haya nombrado a 22 embajadores en el último año del gobierno de Humala. El funcionario ha sido bastante “diplomático” en sus expresiones y calificó tales designaciones de “anomalías”, aunque se ha preocupado en no descalificar a las personas que hoy están en el exterior representando al Perú a través de una resolución firmada por el exmandatario cuando ya hacía maletas para irse de Palacio de Gobierno.

En cambio en Defensa, el ministro González ha sido más duro al afirmar que muchas de las personas designadas por el gobierno anterior, tanto en la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional -que desde hoy tiene un nuevo jefe encargado- como en la Unasur, no cumplían con el perfil para dichos cargos, tal como lo ha explicado ante el Congreso. Además, queda claro que varios de los que acaban de ser cesados tenían algún vínculo con el exmandatario.

Tengamos en cuenta que hasta ahora los peruanos solo hemos recibido informes de dos ministerios. Habría que ver lo que ha estado pasando en otros sectores, pues al parecer las entidades públicas eran manejadas como chacra personal de quien recibió el mandato de administrar lo que es de todos los peruanos, mas no de adueñarse de ello. Ojalá todos los ministros acudan a las comisiones respectivas y expongan si hay más casos como los de la Cancillería y Defensa.

Un país sin institucionalidad ni meritocracia no puede caminar. Así no se va a ninguna parte. Una muestra de eso es lo sucedido en el quinquenio humalista, tal como comenzamos a ver los peruanos. El nuevo gobierno está en la obligación de no quedarse callado ante lo que vaya descubriendo y de corregir situaciones como estas, que nunca más deben repetirse por ser propias de una república bananera de por ahí, y no del Perú que todos queremos.