La revuelta de Puente Piedra es el reflejo de la mala concepción de origen de la concesión Vías Nuevas de Lima, a cargo de la empresa Rutas de Lima. ¿Por qué? Porque las asociaciones público-privadas se desarrollan para prestar servicios al ciudadano, no por las infraestructuras en sí. No importa el cemento, sino su impacto social y económico. La concesionaria puede haber cumplido con construir casi todas las obras comprometidas en el contrato de concesión. Pero el problema es que todo lo construido termina dejando prácticamente todo igual. Hablando solo del acceso norte, el trayecto desde Ancón hasta Caquetá sigue demorando en promedio dos horas, pudiendo llegar a tres en hora pico. ¿Por qué? Porque los intercambios son buenos, pero solo han trasladado el tráfico algunos kilómetros más adelante. Lo que se requería era una buena inversión en un viaducto aéreo de tres a cuatro carriles por calzada que uniera Ancón con Caquetá. Demoraba y costaba más, pero se tenía una solución a cuarenta años. Y la gente pagaría sin problemas. Para los ciudadanos de Puente Piedra, que hacen recorridos de largo alcance, pero también de corto, el problema se agudiza porque hace años ya pagan peaje por una “carretera” que a cien metros de la caseta ya les presenta un semáforo. Y si sumamos la población de Ancón y Santa Rosa, todo empeora. Solo entre Ancón y Pro hay ¡quince cruces semaforizados! ¿Y por esto, ahora deben pagar más del doble del peaje? El problema no es el peaje sino el pésimo servicio vial que no se corresponde con el peaje. Y el contrato no es beneficioso para Lima y debe renegociarse. Algo que el alcalde Castañeda debió hacer apenas volvió. Su excesiva pulcritud con su antecesora, hoy pasa factura. Pero hay que corregir. Lima merece una vialidad moderna y no una de la edad de piedra.

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