Ver a militantes y simpatizantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que no es cosa que la careta de Sendero Luminoso, marchar en Lima lanzando arengas para la liberación del cabecilla de ese grupo terrorista, Abimael Guzmán, y de sus secuaces, no solo es indignante, sino que merece una explicación del Ministerio del Interior y del Ministerio Público.

Si bien la movilización contaba con las garantías de ley para transitar de forma pacífica por las calles de la capital -lo que también debe revisarse-, incluso acompañada de policías para resguardar el orden, resulta inverosímil que sabiendo quiénes organizan este tipo de marchas, no haya habido un fiscal de prevención del delito para que tipifique la apología del terrorismo, ni que el servicio de inteligencia no haya previsto algún ilícito.

El mensaje es claro: tratar de confundir a quienes, lamentablemente, desconocen las atrocidades cometidas por el grupo terrorista, cuyo cabecilla incluso fue ayer retirado de la audiencia realizada en el penal de Ancón I por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional. Saben que Abimael Guzmán difícilmente dejará la cárcel, por lo que el objetivo es desinformar más a los desinformados.

Justamente, Abimael Guzmán es procesado junto a los cabecillas senderistas Elena Yparraguirre, Óscar Ramírez Durand, Daniel Cox, Eugenia Zambrano y Margot Liendo por el penoso atentado del 16 de julio de 1992, cuando un grupo de Sendero Luminoso hizo estallar un coche bomba en la calle Tarata, lo que ocasionó la muerte de 25 personas y dejó heridas a otras 155. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, así como el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, deben responderle al país por qué la fachada de los senderistas logra burlarse de los peruanos que fueron víctimas de esta lacra social.