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Uno de los esfuerzos más importantes para mejorar la calidad de vida de los peruanos ha sido el contenido del Decreto Legislativo N°1246.

La administración pública está llena de normas innecesarias que lo único que hacen es crear problemas para los ciudadanos. En las facultades legislativas se solicitó eliminarlas. Así, por ejemplo, ya no se podrá pedir a los jubilados, cuando vayan a cobrar su pensión, que demuestren que están vivos. Tampoco se podrá pedir certificado de antecedentes policiales, judiciales ni penales. La lógica de esto no es que no se requiera conocer de los antecedentes del ciudadano, sino que la administración pública tiene la posibilidad de interconectarse y buscar en las distintas bases de datos del Estado esta información que ya tiene. El Estado debe servir, eficientemente, al ciudadano, y no cargarlo con requisitos diversos. Tampoco se podrá pedir copias del DNI, vigencia de poderes y otros tantos requisitos que el Estado puede y debe tener.

Lo más importante en este tipo de normas es que se cumplan. En el Banco de la Nación, a pesar de que se prohíbe solicitar el certificado de sobrevivencia, señalaban que se ha eliminado el “documento” que prueba que el pensionista está vivo, pero que este tiene que ir en persona para cobrar su pensión demostrando que está vivo, sin poder delegar este trámite. Entonces, lo que busca la eliminación del trámite no se logra porque el funcionario no quiere aplicar la norma o no la ha entendido.

Es imprescindible que los jefes de las entidades, empezando por los ministros, hagan cumplir las normas expedidas y eviten que se creen otros requisitos innecesarios para sustituir los eliminados.