La lucha contra la corrupción es de todos y hay funcionarios del Estado encargados de conducirla. Los procuradores defienden al Estado, no al Gobierno y hay que garantizarles autonomía del poder político. Pero no son islotes de poder absoluto, donde puedan prosperar ambiciones personales sin control. Hay quienes han pasado por estos cargos y los han convertido en un trampolín político para aspirar a cargos de representación. El mal ejemplo de Yeny Vilcatoma, hoy congresista, cunde en detrimento de la responsabilidad de una misión que debe hacer de la confianza y la reserva parte importante del cumplimiento. Lo que vemos ahora es un desbarajuste de versiones y empujones para disputarse las cámaras y las supuestas verdades con gran beneplácito mediático y mucho daño a la imagen del Estado y de la política.

Ahora resulta que hay paladines intocables que se enfrentan a empresas y gobiernos corruptos que los empujan a denunciar ante la televisión para que la sociedad entienda la justicia de su causa. La guerra de los procuradores contra el Ejecutivo es un contrasentido que empieza con la sobreexposición mediática que hace daño a todos. Bien que las procuradoras sean independientes y muy eficientes; mal que se quejen públicamente cuando se les pide dejar los cargos que recibieron por confianza en su profesionalidad e integridad. Tengan o no razón, y de seguro pueden tenerla en muchos aspectos, la denuncia pública desmerece un trabajo que debe darse con la reserva suficiente para asegurar resultados, en las antípodas de la grita mediática que distorsiona en beneficio del escándalo y del rating.

Mucho cuidado, la lucha contra la corrupción debe darse con integridad y responsabilidad, sin trivializar valores ni trasladar a las calles discusiones técnicas o acusaciones no probadas. Como las que desestabilizan políticamente al Gobierno o lesionan la autoridad ética del Presidente de la República. Ante estas estaturas solo las pruebas mandan.  

TAGS RELACIONADOS