Cuando asumió las riendas del país el 28 de julio del año pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski prometió que al final de su mandato, entre otras cosas, dotaría al Perú de servicios públicos de educación y salud de calidad, para que la gente más pobre tenga la oportunidad de formarse y progresar a través del conocimiento; y de preservar su bienestar físico y su vida, tal como lo hacen las personas que cuentan con recursos.

Por eso, llama la atención la situación en que se encuentra el Servicio Integral de Salud (SIS), ese que atiende a los más pobres de entre los pobres, cuyo presupuesto para 2017 se ha reducido en 20 por ciento con relación a 2015, tal como hemos informado ayer en Correo. A ello se suma que existe una deuda a los hospitales que llega a los S/700 millones, lo que viene dificultando la atención de los asegurados en todo el país.

Pero ahí no queda la cosa. Como hemos visto en las últimas semanas, se han detectado graves y escandalosos actos de corrupción cometidos por malos funcionarios del SIS, que han lucrado con la salud de los más pobres. Ahí están los indignantes casos de los hombres que dieron a luz, las jóvenes que tuvieron tres hijos en un mismo año, las mujeres operadas de la próstata y los pagos por dos ataúdes para enterrar a una misma persona, todo esto “cubierto” por el Estado.

A los malos funcionarios y a los dueños de clínicas, consultorios, funerarias y proveedores que son responsables de llevarse la plata del SIS no debería esperarles otra cosa que la cárcel. Sin embargo, en lo que compete al Poder Ejecutivo, resulta inexplicable que se esté afectando a este seguro, que más bien debería ser reforzado, pues es la única esperanza que tienen los más necesitados para cubrir sus dolencias, que otros pueden atender en una clínica.

Es urgente que el Gobierno brinde atención al SIS -ese con el cual el exasesor palaciego Carlos Moreno quería hacer “negociazos”-, pues no se podrá avanzar hacia el cumplimiento de la promesa del presidente Kuczynski de dar un buen servicio de salud pública si se achican los presupuestos mientras algunos sinvergüenzas se llevan la poca plata que hay. ¿La ministra de Salud, Patricia García, dirá que estas denuncias también son un sicosocial?