Han pasado 16 años desde que José Enrique Escardó denunció el sistema de abusos físicos y psicológicos dentro del Sodalicio de Vida Cristiana. Seis desde que se destapó el escándalo de abuso sexual de su fundador, Luis Fernando Figari. Dos desde que los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron 30 testimonios de abusos sexuales, físicos y psicológicos dentro de la organización, además de sacar a la luz el macabro sistema de secuestro mental que ha sido confirmado luego por numerosos exmiembros del Sodalicio. Y siete meses desde que el Sodalicio admitió formalmente que todo lo anterior era cierto.
Desde entonces, incontables investigaciones periodísticas y testimonios han revelado más y más. Tanto que -tristemente- muchas veces ya ni sorprenden.
Pero lo que los años le han dado al descubrimiento de estas tragedias ha sido poco o nada. Una investigación fiscal de última categoría. El incomprensible bloqueo de una comisión congresal investigadora. A lo más, una comisión de resarcimiento de víctimas de la que, aquellos que tuvieron la suerte de ser reconocidos tales, salieron cabizbajos, decepcionados, insultados, con nada más que una carta en la que se obligan a no volver a hablar ni a pedir nunca más nada como condición para recibir una propina ínfima en comparación a lo sufrido, al multimillonario patrimonio del Sodalicio y a los estándares de reparación del sistema judicial.
Hoy, esa comisión en el Congreso para investigar el caso Sodalicio existe. Pero, comprensiblemente, las víctimas no cantan victoria. No hasta ver a esos ultrajadores de cuerpo y alma tras las rejas. Ese día -y solo ese día- una ínfima, casi invisible fracción del dolor podrá ser aliviada.