Nadie duda de que los fallos del TC, cuya función es el control de la Constitución, puedan contener argumentos (ober dicta) de naturaleza política que los fundamenten. Su propio origen es de naturaleza política, dado que sus magistrados son elegidos por el Congreso de la República. Pero de allí a incurrir en activismo político media una distancia tan grande como la que separa la ética de la deshonestidad.

La decisión contenida en un inminente y controvertido fallo del TC, conocido públicamente a raíz de la delación punible incurrida por el congresista Gilbert Violeta, referida a la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la denominada “Ley contra el Transfuguismo”, constituye la muestra palpable de que el TC (cinco de sus miembros, para ser precisos) ha incurrido en inaceptable activismo político que deslegitima a todas luces la resolución que comentamos.

El cuestionable fallo desbarata una de las medidas más importantes de la reforma política exigida por la sociedad (ONGs incluidas), como es la de evitar la desintegración de los partidos políticos que ocasiona el transfuguismo, sobre todo cuando este ocurre dentro del Congreso.

Claros indicios previos apuntan a señalar que, en el seno del TC, se habría urdido una maquinación perniciosa para la institucionalidad democrática con el fin de conseguir, a como dé lugar, la mayoría calificada de cinco votos que su ley orgánica exige para declarar la inconstitucionalidad de una ley. La premura con la que admitieron la demanda y fijaron fecha para la vista de la causa; el tiempo récord en el que tienen lista la ponencia en mayoría y sesionan para deliberar y votar con el fin de hacer participar al magistrado Urviola, a sabiendas de que el Congreso ya había seleccionado a su reemplazo, dan muestra de ello. Magistrados del TC que, excediendo sus funciones, emiten sentencias políticas, deberían ser denunciados constitucionalmente.