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Terrucos en política

​Han pasado 25 años de los demoledores golpes dados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y, lamentablemente, los miembros de estas bandas están saliendo libres tras cumplir con las benevolentes sentencias que se les impuso luego de ser anuladas las cadenas perpetuas impuestas por los jueces militares “sin rostro”, que en su momento fueron el único instrumento, aunque cuestionable, para poner en prisión a los terroristas.

22 de Junio del 2017 - 07:30 Iván Slocovich

Han pasado 25 años de los demoledores golpes dados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y, lamentablemente, los miembros de estas bandas están saliendo libres tras cumplir con las benevolentes sentencias que se les impuso luego de ser anuladas las cadenas perpetuas impuestas por los jueces militares “sin rostro”, que en su momento fueron el único instrumento, aunque cuestionable, para poner en prisión a los terroristas.

Pero lo peor no solo es que esta gente, que en muchos casos no ha cambiado un ápice de sus alucinadas ideas de la “lucha armada” y la “revolución”, parece no estar dispuesta a quedarse en su casa regando las plantas, jugando con los nietos o recuperando en familia el tiempo que pasó tras las rejas por sus crímenes, pues pretende hacer “política”, algo que un Estado golpeado por estas hordas de salvajes no puede permitir por más que hayan cumplido sus condenas.

A pesar de que personajes como el congresista del Frente Amplio Justiniano Apaza estén de acuerdo con que estas personas entren en política, esto no se puede permitir. Existen precedentes jurídicos -más allá de lo que digan los legalistas y los que actúan con criterios abogadiles- para impedir que senderistas y emerretistas tengan el atrevimiento de salir a buscar cargos públicos por votación popular dentro del mismo Estado que quisieron dinamitar.

Por ejemplo, ningún ciudadano que tenga una sentencia en lo penal, por más que haya cumplido su condena, puede aspirar a ser juez o fiscal. Lo mismo sucede con los docentes y administrativos de colegios públicos y privados que tengan sentencias por terrorismo, apología, violación sexual y tráfico de drogas. Esta gente queda, según la Ley 29980, fuera del magisterio de por vida, por más que se borren sus antecedentes al haber pagado legalmente su deuda con la sociedad.

Entonces, en el Congreso no debe existir temor de cancelar de por vida la posibilidad de que los sentenciados por terrorismo, aun habiendo cumplido sus condenas hasta el último día, puedan aspirar a cargos públicos. Así se evitará que más adelante podamos ver a Martha Huatay, a Maritza Garrido Lecca o a Peter Cárdenas sentados en el Congreso, claro, con el apoyo de esa izquierda cómplice que no se atreve a condenar las barbaridades que cometieron contra el Perú.

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