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Triplemente condenable

​La Comisión de Fiscalización del Congreso ha puesto la puntería en la compra de 800 patrulleros que se hizo durante el gobierno de Ollanta Humala, luego de que la Contraloría detectó que hubo irregularidades en dicha adquisición destinada a la lucha contra la inseguridad callejera, el principal problema que agobia a todos los peruanos, desde el gran empresario que teme ser secuestrado o asaltado hasta el chofer de mototaxi que paga cinco soles diarios a bandas de extorsionadores.

09 de Septiembre del 2016 - 07:02 Iván Slocovich

La Comisión de Fiscalización del Congreso ha puesto la puntería en la compra de 800 patrulleros que se hizo durante el gobierno de Ollanta Humala, luego de que la Contraloría detectó que hubo irregularidades en dicha adquisición destinada a la lucha contra la inseguridad callejera, el principal problema que agobia a todos los peruanos, desde el gran empresario que teme ser secuestrado o asaltado hasta el chofer de mototaxi que paga cinco soles diarios a bandas de extorsionadores.

Si es como parece, y algunos civiles y policías han cometido irregularidades metiendo las uñas en el presupuesto de años anteriores, esta gente merecería el doble o el triple de sanción judicial, administrativa y moral, pues habrían estado llenando sus cuentas bancarias mientras 30 millones de peruanos han vivido y viven en la angustia de tener que luchar a diario con asesinos, sicarios, extorsionadores, “marcas”, “raqueteros” y demás delincuentes.

Hace unos días, en la Comisión de Defensa del Congreso, se mencionó que las compras de patrulleros habían venido acompañadas de “honorarios de administración” de parte de los proveedores a los encargados por parte del Estado peruano de hacer la selección. El legislador fujimorista Daniel Salaverry dijo que de ser cierto estaríamos ante la “institucionalización de la coima”, lo cual sería gravísimo. Es un tema, entre tantos otros, que debe ser aclarado.

La lupa del Congreso está puesta en la compra de vehículos de las marcas Hyundai y Ssangyong por 866 mil dólares y dos millones 489 mil dólares, respectivamente. Recordemos que cada vez que se cuestionaba la poca eficiencia del anterior gobierno en la lucha contra el hampa, sus voceros afirmaban que un primer paso para frenar el delito consistía en equipar a la Policía. Sin embargo, parece ser que este no era el único interés, sino también llevarse alguito al bolsillo.

Es de esperarse que el caso de la compra de los patrulleros y las presuntas irregularidades sea aclarado a la brevedad del caso, primero en el Congreso y luego en el Ministerio Público. Si hubo coima, trafa, cutra, “honorarios por administración” o lo que sea, acá tiene que caerles todo el peso de la ley a los responsables, quienes no tendrían atenuantes por haberse burlado y haber lucrado a costa de la seguridad de los peruanos.

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