​Un atentado contra la ciudadanía

La liberación de los miembros de la banda denominada “Rápidos y furiosos” ha causado una comprensible indignación ciudadana, un hecho en el que están comprometidas las tres entidades tutelares de la justicia en el país: el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Al revisar este caso, que implica la seguridad de los ciudadanos, podemos observar la displicencia con que estos tres organismos públicos trabajan para impartir justicia, como su labor desarticulada para ejecutar la ley frente al accionar del hampa.

No es la primera vez que ocurre un caso en que los delincuentes atrapados con armas de fuego -y planeando algún delito- acaban bien sueltos de huesos en las calles porque un miembro -o más- de las instituciones públicas mencionadas no cumplió su labor.

Por eso vemos que los representantes de este tridente de justicia se culpan entre sí para zafar cuerpo de la parsimoniosa actitud que muestran a la hora de hacer de la justicia una herramienta ciudadana contra la delincuencia.

En este caso, por ejemplo, la Policía acusó a la Fiscalía por no elaborar una idónea investigación. La Fiscalía se defendió implicando a la Policía por hacerla perder el tiempo y al Poder Judicial por no recibir el expediente extemporáneo del plazo que puede durar cualquier detención (24 horas).

Vamos a evitar mencionar los nombres de los responsables directos porque, en realidad, quienes deben asumir su culpa en este atentado contra la ciudadanía son las cabezas de las instituciones mencionadas. ¿Acaso sus dirigidos no tienen criterio para ofrecernos un correcto proceso de justicia?

Esperemos que los representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional no agilicen el trámite de la incredulidad ciudadana frente a las instituciones que deben impartir justicia. Después no se quejen por el bajo índice de aceptación que poseen. Señores, cumplan con su labor, no se les pide nada extraordinario.