Las declaraciones fatalistas del miembro peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, sobre el caso “Chavín de Huántar” han provocado malestar en la mayoría de peruanos.

Para el exministro de Justicia, este caso “se pierde” ante la CIDH, lo que significaría que los 140 comandos militares, que son vistos como héroes en nuestro país, puedan volver a ser investigados. Además, el Estado tendría que pagar indemnizaciones a los familiares de los terroristas que murieron en el operativo de rescate de los rehenes en la Embajada de Japón en 1997.

A todas luces, estos comentarios son desalentadores para los miles de efectivos militares que actualmente combaten el narcoterrorismo en el VRAEM y para los policías que se enfrentan a delincuentes en las calles de nuestro país.

Pese a que el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, haya manifestado su optimismo que la demanda del Estado peruano por el caso “Chavín de Huántar” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea favorable, Eguiguren ha recalcado que no habla para la tribuna y sus comentarios se basan en su conocimiento jurídico.

Le corresponde al Estado cerrar filas sobre este tema y ser efectivo en la defensa de nuestras Fuerzas Armadas. Hace cerca de veinte años, los embates del terrorismo pusieron en jaque al país cuando secuestraron a decenas de autoridades políticas, judiciales y militares. Los derrotamos gracias a una brillante acción militar. Por eso, sería injusto que por sentencias externas, estos héroes nuevamente sean juzgados.