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Héctor Mayhuire R.

Héctor Mayhuire R.

Un programa de vivienda que debe darse con cuidado

​El alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, está entusiasmado con el Programa de Vivienda Municipal (Promuvi), el mismo que recibió opiniones divididas por parte de diferentes sectores y personas. Unos están a favor y otros lo critican duramente.

03 de Abril del 2017 - 07:01 Héctor Mayhuire R.

El alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, está entusiasmado con el Programa de Vivienda Municipal (Promuvi), el mismo que recibió opiniones divididas por parte de diferentes sectores y personas. Unos están a favor y otros lo critican duramente.

La intención del Promuvi puede ser positiva, pero como advierte el Colegio de Arquitectos-Arequipa, es un programa que requiere de planificación y debe responder a criterios técnicos antes que a objetivos políticos.

Es una de las opiniones centradas con relación al Promuvi, que generó expectativa en miles de arequipeños, quienes en número de 57,750 solicitaron fichas para inscribirse y participar en la adjudicación de los terrenos, aunque todavía no se sabe qué modalidad se aplicará.

El interés mostrado por parte de personas que no cuentan con un lugar para vivir refleja el déficit de viviendas en Arequipa. Algunos estiman que faltan entre 75 mil y 80 mil, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Gerencia Regional de Vivienda.

Lo cierto es que un buen número de arequipeños sueña con el programa de la casa propia y ha visto en el Promuvi una oportunidad, pero todo puede caerse si se persiste en trabajar sin planificación y criterio técnico, sobre todo sin respetar las zonas en riesgo, como quebradas y las faldas del volcán Misti, tal como pasa en este momento con viviendas precarias levantadas en Alto Selva Alegre, Mariano Melgar y Miraflores.

El alcalde Zegarra ha decidido retirar dos mil posibles lotes ubicados en dichos lugares peligrosos, pues existe el riesgo de no otorgar servicios básicos a quienes ocupen estos terrenos, en especial al existir una corriente legislativa para sancionar a autoridades municipales por promover ocupaciones indebidas.

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