A estas alturas, para nadie es un secreto que la corrupción de Odebrecht y otras empresas, especialmente las brasileñas, alcanzó a funcionarios de tres gobiernos nacionales y que sus tentáculos también habrían llegado a dos gestiones ediles de la capital. Eso tendrá que ser confirmado o descartado más adelante por las autoridades de nuestro sistema judicial.

Sin embargo, de poco o nada se habla de los gobiernos regionales y municipales donde Odebrecht y otras empresas también pudieron haber hecho de las suyas. Recordemos que las obras de gran envergadura han sido principalmente en las afueras de Lima, donde, como también sabemos, en el pasado hemos tenido autoridades “sensibles” al olor del dinero sucio. Incluso muchos de estos personajes purgan prisión.

Es verdad que a nivel mediático suena más poner la mirada en los funcionarios de las administraciones nacionales que han caído tras recibir coimas, pero es urgente que también se eche una mirada, desde la Fiscalía y el Congreso, a lo que ha venido pasando en los gobiernos regionales, que por años han sido verdaderos feudos de personajes intocables de dudosa reputación.

La única forma de curar al Perú del mal de la corrupción que lo afecta es aplicando la justicia a todos aquellos que defraudaron a los electores y a las autoridades que les dieron la confianza y el honor de trabajar desde el Estado por los peruanos. La falta de interés por averiguar lo que pasó en las regiones sería un grave problema, pues la mano larga de la justicia debe llegar a todos.

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