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La protesta de comuneros en Las Bambas, Apurímac, viene poniendo a prueba otro flanco del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski: la capacidad de resolución de los conflictos sociales, a casi tres meses de instalado en las riendas del país.

Lo malo, hasta el momento, ha sido la muerte de un poblador -Quintino Cereceda Huiza (42)- y se ha abierto una investigación para determinar si el balazo mortal provino de las huestes policiales en medio de la represión (que no tenía el respaldo oficial, según el ministro del Interior, Carlos Basombrío).

La cuota de tino la ha puesto el propio presidente de la República al contener sus emociones, desistir de viajar a la zona -conforme se lo exigían- y monitorear desde Lima las acciones en busca de arribar a un entendimiento.

El acierto parecería ser la elección del vicepresidente Martín Vizcarra como cabeza de la comisión de alto nivel del Ejecutivo, que busca hacer entrar en razón a las comunidades asentadas en los alrededores del proyecto minero Las Bambas para que privilegien el diálogo como base para una solución integral.

Vizcarra, dicen algunas personas de su entorno, suma características de conciliador, perfil que puso en práctica cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014.

De momento, ha hecho una exposición de motivos que los comuneros de la provincia de Cotabambas vienen analizando, entre ellos la demanda de una tregua de 45 días para revisar las operaciones de la empresa minera MMG Limited. Y eso parece un avance. 

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