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Una obligación del Estado

​Mañana se cumplen 20 años de la brillante operación de rescate de rehenes denominada Chavín de Huántar, que permitió liberar a 71 cautivos del grupo terrorista MRTA; y lo que debe quedar muy claro entre todos los peruanos, incluso entre algunos congresistas del Frente Amplio y sus seguidores, es que la intervención fue la acción legítima de un Estado que está en la obligación de proteger a ciudadanos expuestos a una cobarde amenaza extremista.

21 de Abril del 2017 - 07:30 Iván Slocovich

Mañana se cumplen 20 años de la brillante operación de rescate de rehenes denominada Chavín de Huántar, que permitió liberar a 71 cautivos del grupo terrorista MRTA; y lo que debe quedar muy claro entre todos los peruanos, incluso entre algunos congresistas del Frente Amplio y sus seguidores, es que la intervención fue la acción legítima de un Estado que está en la obligación de proteger a ciudadanos expuestos a una cobarde amenaza extremista.

Un grupo armado con fusiles y explosivos, que toma una sede diplomática y que por 126 días mantiene a 72 rehenes bajo constante amenaza de muerte, en

cualquier país del mundo se convierte en un legítimo objetivo militar por parte de un Estado. Y eso fue precisamente lo que sucedió hace 20 años: el Perú recurrió a una acción de armas que costó la vida de los secuestradores, por más que no les guste a sus defensores como el congresista Justiniano Apaza.

Los peruanos debemos recordar que durante el prolongado cautiverio de los rehenes, el Estado peruano a través del gobierno de Alberto Fujimori trató por todos los medios de llegar a una solución pacífica, para lo cual incluso se ofreció a los terroristas salir asilados a Cuba o República Dominicana. Sin embargo, los

criminales se cerraron con su absurdo pedido de soltar a los cautivos, solo a cambio de la liberación de sus secuaces presos en penales de Perú y Bolivia.

Mientras tanto, los terroristas a diario hacían sus ensayos de ejecución de los rehenes y se proyectaban a llegar al 28 de julio de 1997, sin flexibilizar sus absurdas exigencias. A eso se suma que en los días finales, Cerpa y su gente prohibieron el ingreso de los médicos de la Cruz Roja que atendían a los cautivos. ¿Qué más querían que haga el Estado antes de recurrir a la legitimidad de las armas? ¿Que siga esperando? ¿Que continúe el chantaje terrorista? Quizá quienes defienden a Néstor Cerpa querían que el Estado peruano termine doblegado por el grupo terrorista y se vea obligado a abrirles las cárceles a criminales como Víctor Polay, Miguel Rincón, Peter Cárdenas y demás personajes que provocaron muchas muertes y destrucción durante los años en que a punta de bala y dinamita nos quisieron imponer su “revolución”, esa que algunos parecen añorar hasta hoy. Sin embargo, nada de eso sucedió por el bien del Perú.

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