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La semana que pasó tres hechos de violencia se registraron en el país y fueron destacados por los diferentes medios de comunicación.

Una protesta social en la provincia de San Román (Juliaca-Puno), cuya principal demanda era exigir al Gobierno mayor compromiso para luchar contra el peligroso incremento de la delincuencia en diferentes zonas de la mencionada ciudad. El martes 29, la paralización fue total; empero, a medida que pasaban las horas, una turba comenzó a agitar a la población para provocar el caos, objetivo que fue logrado al generar que la protesta se desborde y termine la jornada con la quema de al menos 45 locales, entre cantinas, bares, discotecas y otros centros de diversión. Algunos de ellos, como justifican los incendiarios, eran lugares en donde se planificaban actos delincuenciales en agravio de los pobladores.

Hoy Juliaca afronta una declaratoria de emergencia, donde los derechos ciudadanos están restringidos y las fuerzas del orden dan vigilancia a las actividades.

De otro lado, tres provincias apurimeñas acataron protestas con demandas propias, como la ejecución de proyectos; en algunos casos se llegó también a excesos y se temía que sea declarada en emergencia la zona.

En Lima, un psicosocial no estuvo ajeno a las protestas y se generó una violencia innecesaria en la zona de Huaycán, con la consecuente muerte de una persona.

Se ha podido determinar que en las últimas manifestaciones hubo gente infiltrada para generar actos vandálicos y por ello hay que dar con su paradero y sancionarlos ejemplarmente.

Hasta ayer una treintena de detenidos en Huaycán por la PNP son investigados, esperando que se identifique a los revoltosos para que respondan ante la justicia.