Brutal. No puede ser calificado de otra manera el asalto de matones del régimen de Nicolás Maduro a la sede de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde diciembre de 2015 en que vencieron democráticamente a la dictadura el derecho de constituirse en poder del Estado en la idea de generar el equilibrio político que no existía desde los tiempos de Hugo Chávez. 

El actual mandatario ha declarado una guerra sin cuartel a los parlamentarios. Les arrebató las competencias que la Constitución de Venezuela les garantizaba y los ha maltratado al decidir llevar adelante la denominada Asamblea Constituyente que no tiene ningún respaldo constitucional ni legal y que, por supuesto, ha merecido el inobjetable rechazo ciudadano. Ayer, cuando los venezolanos celebraban un aniversario más de su independencia de España, el sacrosanto recinto de la democracia llanera fue invadido por matones que, más allá de provocar desmanes en el desarrollo de las sesiones de los diputados presentes, los agredieron salvajemente. El umbral del respeto de los poderes del Estado y el equilibrio han sido atropellados en modo inobjetable. Se nota que el poder de la gendarmería gubernamental no tiene límites y están demostrando que pueden ser capaces de cosas más horrendas. ¿Qué dirán Bolivia y los países centroamericanos y de las Antillas adictos a la intransigencia chavista frente a las irrefutables evidencias de su acción violenta? Todo lo que está pasando en Venezuela configura un perfecto Estado fallido, es decir, ingobernable y anarquizado, donde la vida no vale nada. Ver ayer a los diputados de la oposición ensangrentados y a los cerca de 85 muertos que ya van en tres meses de protestas no es para quedarse de brazos cruzados. Así las cosas, el camino para una guerra civil ya no parece descabellado. Sin respeto de nada, Venezuela es el país más inseguro y sin proyecto de nada en la región. Una lástima la situación interna que padece y una vergüenza la actitud externa indiferente.