Esta semana el escándalo ha salido, qué novedad, de las entrañas del Congreso, una vez que se destapó que seis legisladores fujimoristas viajaron con fondos públicos a Puno para participar en un mitin de su jefa Keiko Fujimori, un tema que escandalosamente la Comisión de Ética decidió no investigar por razones nada claras que no han hecho más que incrementar el rechazo ciudadano que sufre el Poder Legislativo.

Pero hay más. Ayer la web de Correo difundió la información de que la propia presidenta del Congreso, Ana María Solórzano; y la vicepresidenta del Perú y también congresista oficialista, Marisol Espinoza, viajaron a sus ciudades natales, Arequipa y Piura, respectivamente, del 24 al 25 de diciembre, también con plata del Congreso. ¿Celebrar Navidad con la familia es parte de una función congresal que debe ser financiada con nuestros impuestos?

Pero los vivazos no están solo en el Congreso, señores, qué va. También están en el ámbito privado, y para muestra tenemos el caso nada menos que de Lelio Balarezo, exvicepresidente de la Confiep y extitular de Capeco, quien acaba de ser sentenciado por la Corte Suprema a cinco años de cárcel por adulterar facturas en su empresa, a fin de evadir impuestos por casi S/.8 millones. De las páginas de Economía de los diarios, el hombre ha pasado a Policiales, pues está en calidad de prófugo.

Con el mismo rigor con que se pide que se sancione a todos los congresistas y demás funcionarios que se aprovechan del dinero público, es necesario exigir, en primer lugar, que metan a un penal a Balarezo, tal como lo señala la sentencia que lo condena en última instancia; y en segundo lugar, que se procure la devolución al fisco de todo lo que este otrora respetado empresario birló a través de malas artes que deben ser tomadas como ejemplo a no seguir dentro de la actividad empresarial privada.

De otro lado, es de esperarse que los gremios empresariales marquen sonada distancia de este personaje, que con su mal accionar ha echado barro a todo un sector vital para el desarrollo de un país, y que con su actividad y generación de recursos hace posible que el Estado cuente con dinero en las arcas públicas hasta para Qali Warma, Beca 18, Pensión 65 y otros programas sociales que se financian no de la nada ni con discursos, sino en su mayoría gracias a la actividad privada.