El último viernes tuve la oportunidad de conocer más de cerca la realidad del trabajo de los defensores públicos de nuestro país. Ellos brindan un servicio al que accede la ciudadanía con menores recursos, que busca acercarlos a la justicia y ofrecerles asistencia legal gratuita por su condición de vulnerabilidad.Los Centros de Atención Legal Gratuita (ALEGRA) son el lugar donde se concentran estas prestaciones que ofrece el Estado Peruano a través del Ministerio de Justicia. A la fecha, son 44 locales a nivel nacional, que con el transcurrir de años y gobiernos se han consolidado en favor de la ciudadanía, incluso en algunos de ellos con equipos multidisciplinarios, pese a sus limitaciones en recursos humanos y logísticos. En 2017 ya se han registrado más de 200 mil atenciones y la gran carga se concentra en casos de familia, como omisión de alimentos y tenencia. Los retos son enormes y las carencias también. Con un mayor presupuesto podría darse un mejor servicio y atenderse a un mayor número de personas. También ayudaría mucho que se facilite la participación voluntaria de futuros abogados para realizar este tipo de atenciones. En suma, queda aún mucho por hacer. Sin embargo, quiero reconocer el trabajo de los defensores públicos por su profunda vocación de servicio. Me comprometo como congresista, y desde la Comisión de Justicia que presido, a apoyar las iniciativas y gestiones para que un elemento clave del acceso a la justicia, como es la defensa pública, sea una prioridad. Los más vulnerables lo agradecerán.