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Y ahora las regiones

Por qué no creer que (Odebrecht) hizo lo mismo en los feudos de gente como César Álvarez y otros

04 de Abril del 2017 - 07:06 Iván Slocovich

Es de esperarse que con el allanamiento de propiedades vinculadas al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por presuntamente haber recibido coimas de la empresa Odebrecht, los peruanos estemos próximos a conocer la verdad sobre lo que ha venido pasando en los últimos años en las administraciones locales y si el sucio brazo de la corrupción también alcanzó a sus funcionarios, muchos de los cuales hasta el momento están libres de polvo y paja.

Lo señalo porque desde diciembre último, en que se supo de las coimas pagadas por la empresa brasileña para ganar licitaciones en el Perú, muchas dudas, justificadas ellas, han caído sobre los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre las administraciones locales del interior del país, donde al parecer el pago bajo la mesa también ha estado a la orden del día.

Sin ir muy lejos, veamos la gestión edil de Susana Villarán, quien ya está siendo investigada por el Ministerio Público. Las dudas también recaen sobre su antecesor y sucesor Luis Castañeda. Y si vamos a provincias, la lista de administraciones sospechosas es mayor. Recordemos que Odebrecht ha realizado millonarias obras en regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Huánuco, Junín y Cusco, entre otras, sin mencionar a las municipalidades.

A estas alturas, existen suficientes indicios como para pensar que dicha compañía brasileña, que ha admitido haber pagado a funcionarios de tres gobiernos nacionales, hizo lo mismo en las regiones. Si parte de su “política” era “aceitar” a corruptos, por qué no creer que hizo lo mismo en los feudos de gente como César Álvarez y otros, algunos de los cuales ya están respondiendo ante la justicia.

Es necesario para la salud moral del país que la justicia alcance a todos los implicados en el caso “Lava Jato”, sean estos del gobierno nacional, de las administraciones regionales o de las municipalidades, por más desconocidos y poco relevantes que sean para los medios de comunicación. Las sanciones deben ser para todos luego de que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan un eficiente y rápido trabajo.

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