Alberto Fujimori investigado por delito de tortura

El expresidente Alberto Fujimori viene siendo investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Terrorismo y Lesa Humanidad de Tingo María-Leoncio Prado por el delito de tortura y lesiones graves.

EL CASO. La investigación es producto de la denuncia que realizó años atrás el exjuez superior de Huánuco Luis Antonio Galindo Cárdenas, quien aseguró que fue torturado en la base militar de Huánuco, tras ser sindicado como terrorista.

Correo conversó con Galindo Cárdenas quien narró que en 1992, cuando era miembro de la Corte Superior de Huánuco, un grupo personas vinculadas a Sendero Luminoso le exigió liberar a un terrorista, sin embargo, al negarse, lo acusaron de usar su cargo para favorecer al grupo subversivo.

“Fui detenido cuando dictaba clase en la Universidad Hermilio Valdizán y conducido a la Base del Ejército de Yanac. Allí me torturaron, sufrí actos violatorios y sicológicos por 31 días”, detalló.

Alberto Fujimori es denunciado directamente, pues en su condición de Presidente de la República, en el programa Contrapunto, presentó de manera personal a Galindo Cárdenas como un terrorista integrante de SL.

El exjuez superior alega que tras ser vejado, fue liberado y le exigieron que firme un documento en el que se acogía a la Ley de Arrepentimiento, pero no lo firmó.

“Luego dijeron que firmé un documento en el que reconozco que fui terrorista y que me hacen firmar una supuesta acta de arrepentimiento y eso se ha demostrado en sede internacional que no es cierto y el documento que se presenta no tiene validez”, alegó.

DILIGENCIA. El último viernes, el expresidente Fujimori fue interrogado por el magistrado Carlos Ordaya, de la Fiscalía Provincial Especializada en Terrorismo y Lesa Humanidad de Tingo María-Leoncio Prado, quien llegó hasta Lima para la diligencia que se celebró en la sede de la Diroes (Ate-Vitarte), la cual se realizó sin ningún contratiempo.

Los que también rindieron su declaración como denunciados fueron la exfiscal de la Nación Blanca Nélida Colán y el fiscal supremo José Pereyra Rivarola, quienes son sindicados de haber conocido que Galindo Cárdenas estaba detenido y no hicieron nada para ayudarlo.

La investigación nace luego de que la CIDH denunciara ante la Corte-IDH al concluir que se violaron los derechos del exjuez superior de Huánuco y pide que el Estado encuentre y juzgue a los responsables.

ESPERA. El caso de Galindo fue evaluado por la Corte IDH en enero pasado. El Estado peruano está a la espera de que se emita la sentencia a nivel internacional.