Comisión Mavila halla nuevos elementos en más de 20 procesos por narcotráfico

Más de la mitad de los investigados que han desfilado por la comisión que indaga los nexos entre el narcotráfico y la política estarán bajo la lupa del Ministerio Público y el Poder Judicial luego de que dicho grupo emita su informe final.

Y es que luego de ocho meses de pesquisas se han identificado nuevos elementos en los casos de 20 de los investigados, por lo que queda en potestad de las autoridades competentes reabrirlos o no.

El número de casos podría aumentar si es que el pleno del Congreso decide ampliar las investigaciones que dicha agrupación parlamentaria, dirigida por la legisladora Rosa Mavila, ha venido realizando desde hace ocho meses.

El borrador del informe final, que revisó la situación de 30 políticos, entre ellos exparlamentarios, expresidentes regionales, alcaldes y regidores, contiene información pormenorizada de la Contraloría, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

COLABORACIÓN. Pero dicha comisión, también conocida como de “narcopolítica”, que contó con la colaboración de expertos de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía, las procuradurías y especialistas en temas de tráfico de estupefacientes, elaboró más de 20 proyectos de ley orientados a repotenciar las normas y cubrir aquellos vacíos legales que aún no han sido revisados.

Durante la última sesión del grupo parlamentario, se expuso el listado final de proyectos de ley que serán incorporados al informe Mavila, que debe estar terminado la próxima semana pero que podría ser ampliado si el pleno del Congreso así lo considera necesario.

PROYECTOS. Entre los más resaltantes se encuentra la modificación a la Ley 26397, que plantea la creación de un “récord” de jueces y fiscales que archiven de forma irregular o minimicen investigaciones sobre narcotráfico, que sería usado por el propio Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que tendría a dichos magistrados bajo la lupa de manera constante.

Otra propuesta sugiere hacer públicas aquellas resoluciones fiscales y judiciales que archivan o absuelvan a procesados por tráfico ilícito de drogas o lavado de activos.

Asimismo, se sugiere modificar la disposición que prohíbe “incinerar, destruir o desaparecer” la documentación y pruebas vinculadas al narcotráfico.

Para la comisión Mavila, es clave darle facultades adicionales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para actuar de oficio frente a reportes de operaciones bancarias sospechosas y hacer que los aportes económicos a los partidos políticos se realicen a través de bancos en forma obligatoria.

INTEGRAL. Para la procuradora antidrogas Sonia Medina, la situación continúa siendo alarmante. Y uno de los problemas en los que no se pone el ojo, advierte, es que las instituciones deben trabajar juntas y coordinadas.

“La lucha antidrogas tiene que ser de manera integral y frontal, entre todos los actores, la Policía, Fiscalía y el Poder Judicial”, señaló.

Añadió que el MP y el PJ “deben tomar la convicción plena de la problemática que significa el narcotráfico, y entender el significado de idoneidad y probidad”. Solo así, dijo, se podrá tener una oportunidad frente a este problema.