Conoce el informe de la Contraloría sobre el caso de la Caja Metropolitana

El informe final de la Contraloría General de la República, sobre los presuntos actos ilícitos cometidos al interior de la Caja Metropolitana de Lima, ha colocado en aprietos a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, horas antes del debate de candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Y es que ayer el contralor Fuad Khoury convocó a conferencia de prensa para informar que su despacho detectó -a través de una serie de auditorías- "la existencia de hechos irregulares que constituyen indicios razonables de una conducta de evasión a las normas de contratación administrativa en la Corporación Metropolitana de Lima".

FISCALÍA

El citado informe detalla que son ocho casos en los que el municipio limeño fue objeto de ilícitos, a través de mecanismos similares de delito.

Por eso, la Contraloría ha puesto el informe en manos de su Procuraduría y el Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades.

"Hemos encontrado faltas que van desde la contratación de personas sin el debido proceso, vemos que se están realizando obras sin la autorización previa de la Contraloría ni la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, vemos que se dan servicios sin contratos", precisó.

Un programa de televisión develó, como se recuerda, que la Caja habría favorecido la contratación de servicios de consultoría y préstamos a empresas de propiedad del chileno Andrés Muñoz Ramírez, amigo personal y exjefe del actual gerente municipal, José Miguel Castro.

OCHO CASOS

El Contralor explicó que la Caja de Lima evaluó y contrató a la empresa Acres Sociedad Titulizadora, descartando de manera irregular al resto de postores. Y es que Acres, pese a no estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales, fue incorporada de forma indebida en el proceso de selección.

La factura de dicha empresa, según el informe, fue girada y recibida "antes de la realización del Estudio de Mercado y la suscripción del contrato". El costo adicional pagado con fondos de la MML fue de S/.416,540.

Otro caso singular es el de la Promotora Chulucanas, empresa que tampoco calificó como sujeto de crédito. Sin embargo, se le otorgó $1'100,000 para iniciar la fase preoperativa del proyecto Villa Camila, fondos que fueron a parar a las arcas del mismo Muñoz Ramírez, según el informe de la Oficina de Control Interno (OCI) de la MML.

En sus pesquisas además fue en el SAT, en la que la MML no emitió fotopapeletas por S/.1'455,400 entre el 2012 y 2014, pese a existir evidencia gráfica sobre dichas infracciones. Los funcionarios del SAT, asimismo, anularon "irregularmente" 612 papeletas, en el 2013, las cuales causaron un perjuicio a la MML equivalente a S/.271,728.

También se hallaron presuntos delitos en la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA), en la contratación de Relima (para limpiar el mercado de Santa Anita), porque no contaba con los controles necesarios para validar la referida prestación de ese servicio, los que fueron la vía para arrebatarle al municipio S/.3677.000.

Asimismo, sus funcionarios no gestionaron licencias de edificación de una puerta del mismo centro de abastos, ni para la construcción de puestos de seguridad (PNP y Serenazgo), lo que motivó que la Municipalidad de Santa Anita aplicase dos multas por un monto equivalente a S/.112.005.

De la misma forma, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, las cámaras de seguridad instaladas en el Cercado de Lima (de propiedad de la empresa SICE), por el servicio se cobró S/.464.855 por realizar un "servicio incompleto" de seguridad, carente de un contrato administrativo. La misma irregularidad se vio en el proyecto de mejoramiento en la Av. Universitaria, a manos de la EMAPE, en la que se sobrestimó, según dicho informe, el precio de la partida de instalación de un cerco metálico, causando perjuicio por S/.269,630.

Asimismo, en la Subgerencia de Servicios Generales se encontró que hubo "ausencia de opinión previa de entes rectores" en los proyectos Vía Expresa Sur y Vías Nuevas de Lima, concesiones equivalentes a $700 millones.

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EN LA MIRA

Horas más tarde, el gerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, lamentó el anuncio del Contralor por "adelantar opinión" y reiteró que no existen actos de corrupción en el municipio. Por ello, consideró que se trata de una violación al debido proceso por ser temas materia de investigación. En ese sentido, la regidora Marité Bustamante (Fuerza Social) denunció un uso político por parte de la Contraloría, el cual estaría mellando la transparencia del proceso electoral, tras haber sido anunciado el mismo día de inicio de debates entre candidatos a la MML.