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Ayer durante la ceremonia de sesión solemne por el 90° Aniversario de la provincia de San Román, el alcalde Oswaldo Marín, enarboló la resolución del Organismo Supervisor de Contrataciones del estado (OSCE) que sancionaba al consorcio español Uros (Aldesa y Grupo Civil). ”Es un punto a favor para ganar el arbitraje”, expresó la autoridad.

Con esa acción, la autoridad demostró que no estaba enterado sobre la Resolución N° 2431 de la OSCE de fecha 13 de octubre del 2016, mediante la cual, en segunda instancia, el tribunal emitió una nueva resolución anulando la sanción al Consorcio Uros, ejecutora de la obra Drenaje Pluvial de Juliaca.

Este es un hecho que deja en el limbo de perder el arbitraje que enfrenta la municipalidad con esta empresa. OSCE anuló lo que en primera instancia había sancionado. Estos hechos ocurren en ausencia del un presidente del tribunal, cuya titular renunció por cambio de gobierno.

CAMBIO. En su lugar se incorporó a un interino que falló a favor de la empresa. Los vocales rechazaron el peritaje grafotécnico que en primera instancia había determinado la falsificación de firmas de 15 especialistas acreditados por el consorcio Uros en su propuesta técnica.

La primera resolución respaldada que el peritaje de Alfredo Quispe Zúñiga acreditaba la exigencia de una falsificación de firmas legalizada ante el notario Marcos Vainsten Blanck. Sin embargo, se reveló que estas legalizaciónes supuestamente se realizaron mediante una videoconferencia, vía Skype.

Los 15 profesionales acreditaron de esta forma la experiencia del personal propuesto: “Declaración Jurada de compromiso del profesional propuesto para el servicio y Declaración Jurada de compromiso para colegiatura y habilitación en Colegio Profesional del Perú”.

Los especialistas de Uros que acreditaron sus antecedentes bajo esta modalidad son: Jaime Martín Garda, Carlos Cañada Masa, Antonio del Rio Cabezas, Hugo Díaz Fernández, José Escuderos Marín, Álvaro Ferreras Morales, María Gallardo Villanueva, Oscar Martínez Gil, Antonio Laredo Vásquez, Francisco López Marco, Beatriz Hernández Herrera, Miguel Ángel Martínez Vico, Rafael Siller Expósito, Manuel Meneses Herrera y Enrique del Castillo Frontera. Estas personas como comprobó la Superintendencia Nacional de Migraciones mediante oficios N° 000193-2015-MIGRAGONES-JSPUN y N° 000240-2015-MIGRAGONES-J2PUN ni siquiera ingresaron al Perú.

Sobre esa base se había sancionado a Uros con inhabilitación para contratar con el Estado Peruano, pero esta empresa impugnó la resolución argumentando entre otros aspectos que el peritaje oficial donde se dictamina que las firmas de 15 profesionales son falsas, se hizo en base a comparación entre documentos originales y documentos en copia. Presentan como pruebas dos peritajes contratados por Uros que rechazan el peritaje oficial. El notario de Lima Marcos Vainstein ratifica la legalidad de las firmas por vía skype y a pesar que las fechas no concuerdan.

Con estos fundamentos los vocales Antonio Corrales Gonzales y Jorgue Luis Herrera Guerra y Paola Saavedra Alburqueque, resolvieron declarar la nulidad de la resolución 2192 del 13 de setiembre pasado que sancionaba a Alseda Construcciones con 47 días y la Grupo Civil con 50 días de sanción temporal. Sin embargo la misma resolución señala que esperan documentos y más pruebas para un pronunciamiento final.

Los dirigentes de las Cuatro Zonas de Juliaca fueron los primeros en rechazar esta resolución y con argumentos cuestionables.

Se refirieron a la autoridad local que ni siquiera estuvo informado sobre esta resolución. Exigieron una explicación a la procuraduría de la Municipalidad de San Román, sobre la defensa que realizó en este caso.

Especialistas señalan que arbitraje está perdido.

El especialiasta en obras técnicas, Rubern Tamayo Mollinedo, y expresentante del Colegio de Ingenieros para supervisar la obra del Drenaje Pluvial, lamentó la acutación de la autoridad, que nisiquiera estuvo informado de este hecho a pesar que ya fue notificado hace varios días.

Señaló que con este criterio el proceso arbitral está prácticamente perdido.

Cuestionó igualmente la actuación de la OSCE, por ejemplo, en el caso de la legalización de firmas.