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Esta semana venció el plazo adicional de 40 días que el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Germán Juárez Atoche, dispuso para concluir las investigaciones contra la primera dama, , y otras personas, por el delito de lavado de activos.

¿Cuáles son las opciones del fiscal? Pues que, tras 15 meses de pesquisas, decida archivar el caso.

Sin embargo, la otra opción es que solicite al Poder Judicial abrir una investigación preparatoria (a nivel judicial) contra todos los involucrados a fin de profundizar las pesquisas.

Para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, “hay suficientes argumentos para que el Ministerio Público pida abrir una investigación judicial contra la señora Heredia”.

Cabe indicar que para solicitar esta medida, es suficiente que el fiscal Juárez Atoche cuente con material indiciario sobre la procedencia de los dineros que ingresaron a las cuentas de Heredia Alarcón, así como a las del Partido Nacionalista durante el periodo 2006-2014.

“De lo que hemos investigado, y lo hemos hecho en 120 días con celeridad, pero con rigurosidad, creemos que hay suficiente material indiciario”, dijo Rondón a Correo.

EL DESCARGO. Al respecto, el abogado Eduardo Roy Gates, defensa legal de Nadine Heredia, indicó a este diario que si el fiscal Germán Juárez llegase a formalizar la investigación preparatoria con impedimento de salida del país, su patrocinada continuará colaborando.

Roy Gates comentó que ahora solo están a la espera del pronunciamiento fiscal, el cual -consideró- debe ser emitido “a conciencia”.

“El fiscal está recibiendo presiones y esperamos que resuelva conforme a derecho y a todas las pruebas que se han actuado. Si fuese así, corresponde que se archive”, aseveró.

Además, manifestó que el pedido que realizó para que el presidente OIlanta Humala declare ante la fiscalía no fue para “autoinculparse”, sino para aclarar que él es quien maneja las finanzas.

CIFRAS 

20 de abril vencieron los 40 días por los que amplió el caso el Ministerio Público.