Susana Villarán nuevamente bajo la lupa fiscal por Parque Rímac

El Ministerio Público (MP) reactivó la investigación que tenía bajo sospecha a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por haber favorecido a la empresa brasileña OAS, implicada en el caso “Lava Jato”, en el marco del convenio del proyecto vía Parque Rímac.

La decisión fue adoptada el pasado 13 de marzo por la fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Janny Sánchez Porturas, a solicitud de la Procuraduría ad hoc del caso “Lava Jato”.

El exgerente de ProInversión Domingo Arzubialde también fue incluido junto a Susana Villarán en las pesquisas, debido a las dudas que pesan sobre ambos por haber permitido la extensión de 30 a 40 años la concesión a favor de la constructora carioca a través de una adenda al contrato con la Municipalidad de Lima, firmada el 13 de febrero de 2013.

ANTECEDENTES. En el año 2016, la denuncia fue archivada por la Fiscalía, pero el abogado Joel Segura, quien dirigía en ese entonces la Procuraduría Anticorrupción, no presentó ningún recurso impugnatorio para revertir dicha decisión, pese a que no se terminaron de efectuar una serie de diligencias claves para desentrañar este presunto caso de corrupción.

El pasado 2 de marzo, la procuradora Katherine Ampuero, a cargo de la defensa del Estado en este megacaso de corrupción, presentó nuevos elementos de prueba que sustentaban un reexamen de la carpeta archivada.

En ese entonces, a fin de salvaguardar la reserva del proceso, optó por no dar detalles a los periodistas que acudieron a su despacho para una conferencia de prensa, donde Ampuero explicó los avances del caso “Lava Jato”.

SIN VISTO BUENO. Según la resolución a la que tuvo acceso Correo, el caso fue declarado “complejo”, razón que permitió que el plazo establecido para las pesquisas preliminares tenga una duración de ocho meses.

“No existiría justificación técnica y económica para ampliar la concesión, la cual violaría la ley marco de las Asociaciones Público Privadas, debido a que las modificaciones al contrato no contaron con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas”, se lee en el documento.