Susana Villarán y Luis Castañeda se culpan por Cantagallo

El incendio en Cantagallo, que dejó alrededor de 500 familias damnificadas, ha generado una intensa pugna entre la actual gestión municipal de Lima, a cargo de Luis Castañeda, y la de su antecesora, Susana Villarán.

¿La razón? El traslado de estas familias a otra zona de la capital en el marco de un programa ya establecido pero que en ninguna de las dos gestiones se llegó a concretar.

Así, luego de que Castañeda Lossio afirmara que la reubicación de los nativos de la comunidad shipiba, a través del Proyecto Río Verde, fue una “ilusión”, Villarán le respondió a través de las redes sociales.

“Río Verde no es de Susana Villarán, no es una ilusión, es un antiguo proyecto de Lima”, escribió en su cuenta en Facebook.

En ese sentido, la exalcaldesa de Lima acotó que el terreno en el que se iba a construir un conjunto habitacional para las 300 familias de Cantagallo, que la madrugada del viernes lo perdieron todo en un incendio, se adquirió “legalmente”.

Dichas afirmaciones las proporcionó para rebatir lo que el día del siniestro expresó el burgomaestre metropolitano, quien aseguró que la adquisición se realizó de manera irregular con una sobrevaloración del precio.

“El terreno para edificar el conjunto habitacional se compró legalmente. Lo compró el Scotiabank, fiduciario del fideicomiso de 74 millones de dólares. Se compró al precio del mercado con la aprobación del directorio y de las organizaciones de Cantagallo”, sostuvo en su publicación, donde acotó que la compañía que lo vendió fue Portal Campoy.

Enseguida, Villarán relató que la propiedad, ubicada en la cuarta cuadra del Malecón Checa de Campoy (San Juan de Lurigancho), tiene un área de 7141.13 metros cuadrados, donde -aseguró- se iban a edificar 216 módulos de viviendas.

Las aclaraciones no quedaron ahí, pues la lideresa de Fuerza Social también replicó las afirmaciones de su sucesor, quien dijo que el traslado de los nativos no era viable porque el terreno es “eriazo” y ni siquiera estaba habilitado.

A esto Villarán adujo que la municipalidad, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, debía proponer a la Gerencia Municipal, y esta a su vez al Concejo Metropolitano, las acciones necesarias para sanearlo y cumplir el objetivo.

“Río Verde era viable, tenía expediente técnico. Los 74 millones de dólares eran el inicio de un proceso de cambio trascendental para el centro de nuestra ciudad”, prosiguió.

CONTRAPARTE. Las diferencias saltaron a la opinión pública luego de que una información periodística advirtiera que la comuna metropolitana había vendido dicha propiedad para invertir el dinero en el by-pass de 28 de Julio, cuya ejecución sustituyó a Río Verde.

En dicha noticia se cita la Adenda 2, firmada en marzo de 2015, donde -en el ítem 2.7- se hace tal acotación.

Este hecho motivó que los funcionarios y regidores del oficialismo convocaran a una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, donde aseguraron que la transacción no se realizó. No obstante, el gerente de Promoción de la Inversión Privada de Lima, Jaime Villafuerte, aseguró que sí hubo tal intención.

“Se evaluaron ‘n’ alternativas, pero una de las posiciones con las cuales se trabajó fue el empadronamiento; sin embargo, internamente, en esas tres asociaciones shipibas no se han puesto de acuerdo. Un grupo quiere quedarse, otro irse a Martineti y otro a Campoy. Sin embargo, como volvemos a repetir, el terreno de Campoy resultaría insuficiente para la reubicación de las más de 250 familias que se quieren trasladar”, explicó.

Más tarde, los funcionarios denunciaron que este predio fue adquirido en la gestión de Villarán de una forma “fraudulenta” y “enmarañada”.

“El terreno fue adquirido de una forma tan enmarañadamente, fraudulenta, que es como si le dijera que la compra la empresa A y se lo vende a la empresa B. La empresa B además se lo vende a una empresa que después va a tomar el nombre que se llama Portal Campoy y nacen las negociaciones con la municipalidad, y eso se realiza el 7 de octubre”, dijo el concejal de Solidaridad Nacional Wilder Ruiz.

El regidor continuó señalando que en esa época la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano era la congresista del Frente Amplio Marisa Glave y dejó entrever que habría avalado el procedimiento.

“Se compra un terreno justo dos días después de producidas las elecciones y no había tiempo ni físicamente habría sido posible que en dos meses se hubiese producido el expediente técnico en el proyecto para los señores damnificados”, refirió.

En ese sentido, se excusó de no haber realizado el proyecto porque en “octubre, noviembre, diciembre era imposible hacer un proyecto, el cual se le encargó a Augusto Ortiz de Zevallos”.

“Así que lo que queremos manifestarle a la ciudad es que el terreno sigue siendo de la Municipalidad de Lima y la venta fue hecha casi a un estilo Orellana”, acotó.

VÍA DE SOLUCIÓN. Por su parte, Villafuerte -gerente de Promoción de la Inversión Privada de Lima- argumentó que la comuna metropolitana sí ha realizado esfuerzos por buscar un nuevo hogar para los integrantes de la comunidad shipiba.

Consultado sobre por qué esta gestión no continuó con la intención de reubicar a dicha comunidad amazónica, los funcionarios ediles argumentaron que se dio debido a que es un predio “baldío” y “rústico” que no cumple con los requisitos para la habilitación urbana y saneamiento.

“El terreno sigue siendo de propiedad del fideicomiso, está a favor de la Municipalidad de Lima. El terreno tiene una insuficiente área para la reubicación de las 266 familias shipibas. Recordemos que es un terreno rústico, que no tiene los servicios básicos y que mal haríamos en reubicarlos en un espacio donde se encontrarían hacinados, más de lo que actualmente se encuentra la familia shipiba”, detalló.

Pese a ello, enfatizó que la gestión de Castañeda sí se ha reunido con los representantes de las asociaciones de la comunidad para llegar a un acuerdo.

“Nosotros, como hemos comentado, en abril del año pasado (2015) iniciamos dos o cuatro mesas de diálogo con las asociaciones shipibas. Entre las soluciones que manejábamos para la reubicación de las familias era la posibilidad de vender el terreno para agenciarnos de recursos necesarios y hacer la reubicación o una compensación económica, una cuota inicial para un programa tipo Techo Propio”, aseveró.

Agregó que durante las conversaciones con la comunidad shipiba se evaluaron una serie de alternativas, pero que no se pudo llegar a un buen puerto debido a que la asociación estaba dividida.

En otro momento, los representantes de Castañeda sostuvieron que vienen trabajando con el Ministerio de Vivienda para plantear un nuevo inmueble de reubicación.

“Nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Vivienda un programa similar al de Techo Propio para poder reubicar a las familias. Nos encontramos en una mesa de trabajo para hacer la reubicación. Recordemos que este es un problema del gobierno central y de la Municipalidad del Rímac”, afirmó Villafuerte.

Arquitecto:

“La gestión de Castañeda puso trabas”

El arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos, quien elaboró el proyecto Río Verde en la gestión de Susana Villarán, señaló que el alcalde Luis Castañeda tenía el deber de continuar con el proceso del saneamiento legal y la habilitación urbana del terreno en Campoy. “El expediente técnico lo dejamos listo. La gestión entrante tuvo que agilizar todo. Por el contrario, puso trabas”, señaló.

CIFRAS

74 millones de dólares era el monto inicial que costaría el proyecto de Río Verde.

17 millones de soles se desembolsó por la compra del terreno en Campoy.