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Avionero gana millonario juicio a la FAP por perder un dedo (VIDEO)

Procurador de la institución castrense califica fallo como “ilegal, irregular y abusivo”, mientras que el demandante y su abogado guardan estricto silencio sobre el caso.

Avionero gana millonario juicio a la FAP por perder un dedo (VIDEO)

Avionero gana millonario juicio a la FAP por perder un dedo (VIDEO)

07 de Octubre del 2016 - 07:17 » Textos: Karem Barboza

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) acaba de perder un juicio por 22 millones de soles producto de una medida cautelar emitida por el Poder Judicial a favor del avionero o personal de tropa, Jaime Mendoza Castro.

El caso ha sido calificado por la FAP como “cuestión de Estado” y se inició en agosto del 2013, cuando Mendoza interpuso una demanda de amparo en Loreto para exigir las pensiones devengadas y beneficios conexos desde 1971, año en que dejó la FAP luego de que se volara un dedo durante su servicio.

Para interponer la demanda, solicitó a la FAP un acta de la junta médica que lo declaraba inapto para el servicio militar. Más tarde, con ese documento reclamó a la FAP que nunca había sido dado de baja, por lo que solicitaba ser excluido formalmente de la institución.

Es así que la FAP, a través de la Resolución Directoral 2777 (8 de agosto 2013), indica que fue declarado inapto para el servicio militar por haber sufrido un accidente con su fusil FAL en 1970 y, por tanto, se le daba de baja en la misma fecha con eficacia anticipada a 1971.

ALGUNOS ASPECTOS. Cabe precisar, que junto con solicitud del 28 de mayo de 2013, fecha en que Mendoza pide copias del acta de la junta médica que lo declaró inapto, el demandante adjunta un documento firmado en 2012 por el jefe de personal de la FAP, en el que se detalla que “se le da de alta el 1 de enero de 1970 y se le da de baja por inapto para la vida militar el 19 de julio de 1971”.

Según la FAP, el primer documento en el que se consigna la baja, se dio a nivel administrativo en julio de 2012. El segundo documento de baja se dio el 8 de agosto de 2013.

LAS CUENTAS RESERVADAS. Una vez conseguido este documento de la FAP (del 8 de agosto de 2013), el exavionero interpuso la demanda de amparo para reclamar que se le pague una millonaria cantidad de dinero por los 45 años que no había recibido pensión. La demanda fue admitida y siguió su curso hasta el 22 de julio de 2016, fecha en la que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil y Constitucional de Maynas, en ese entonces a cargo del magistrado Alexander Rioja Fernández, ordenó la retención de S/20 millones de la FAP.

Las cuentas que el juez solicita embargar son de carácter reservado, a las que sólo el personal de la FAP tiene acceso.

Aquí surge otro detalle, el juez Rioja emite dicha resolución el 22 de julio y ese mismo día, casi en simultáneo, exige a la FAP que le informe sobre tales cuentas detalladas en la resolución judicial y ordena que se le remita la información a través de su correo electrónico en el día.

Las cuentas fueron las siguientes: CTA. Cte. 05-000-028574 extranjera RDR-M/E, CTA. Cte. 00-000-282855 nacional RDR DS 195-EF, CTA. Cte. 00-068-318483 Nacional DONACIONES, CTA. Cte. 00-000-473057 Nacional D. Leg. 940-Detracciones y la CTA. Cte. 00-000-864935 Nacional Fedadoi.

PÁGUESELE. Pese a las acciones judiciales que interpuso la Procuraduría de la FAP, finalmente, el 23 de setiembre de este año el nuevo juez del despacho, Fernando Riveros Da Silva, aclaró vía resolución la “retención por S/22 millones 650 mil 208.53, (sumado) monto de intereses aprobados en el informe pericial, así como por devengados y beneficios conexos”. Y ordenó cursar partes “al Banco de la Nación para que trabe el embargo en forma definitiva” de las cuentas reservadas de la FAP. Además, dispuso que “en el día” el demandante acuda para hacer efectiva la transferencia del dinero a su cuenta.

Desde entonces y hasta la fecha, la FAP ha interpuesto diversos recursos que ha llevado incluso a una sanción pecuniaria contra el comandante general de la FAP, Dante Arévalo, y reprimendas judiciales contra el procurador de la FAP, Fernando Kahn Arce, y otros funcionarios de la fuerza aérea.

PROCURADURÍA. Correo se reunió con el vocero oficial de la Fuerza Aérea Mayor General de la FAP, Alfonso Javier Artadi Salett, el último miércoles, así como con la plana de la Procuraduría de la FAP encabezada por Kahn Arce, quien negó cualquier tipo de demora o negligencia en la actuación de la defensa del Estado durante el proceso.

“Efectivamente, este es un problema institucional y es problema de Estado porque están involucrados cerca de 23 millones de soles y es un problema de Estado”, manifestó Artadi.

“Nos hemos reunido con la jefa de la Ocma (Oficina de Control de la Magistratura), Ana María Aranda, a ver si amerita una sanción a malos jueces que están administrando la justicia y este caso en particular”, señaló.

Asimismo, indicó que se han reunido con la procuradora Julia Príncipe, quien ha mostrado su preocupación. “Lo que puedo manifestarle es que en este caso, la administración de justicia no está siendo sana, ni transparente. Se están tomando acciones concretas con el fin de parar estos embargos absurdos”, concluyó. 

Por otro lado, Artadi reconoció que las cuentas embargadas por el Poder Judicial eran reservadas y que pocos en la Fuerza Aérea las conocían. Consultado acerca si el personal de la FAP puede estar involucrado en la revelación de las cuentas reservadas, Artadi indicó que no lo descartaba, aunque dejó abierta también la posibilidad de que existiera responsabilidad de personal de la entidad bancaria. Explicó que quienes manejan estas cuentas pertenecen al área de Tesorería de la FAP, que pertenece al departamento de Economía de la institución.

UNA RESOLUCIÓN. Por su parte, el procurador Kahn señaló que solo existe una resolución de baja de servicio del demandante, que es la expedida en 2013. Consultado si fue negligencia el no haber expedido una resolución de baja en 1971, cuando el demandante se retiró de la FAP, indicó que ello es un problema administrativo y que lo que hizo la FAP en 2013 “fue reconocer sus derechos humanos”.

“Este señor perdió un dedo y nosotros como Fuerza Aérea cumplimos el mandato judicial y a él se le abona una pensión mensual de S/.4 500 mensuales. Pero luego, comienza una cuestión irregular, el juez Rioja exige que se le pague devengados de 1971 al 2015. Eso es una barbaridad”, comentó.

Objetó, además, que el Poder Judicial ordenara que los casi S/. 23 millones sean pagados en un plazo no mayor de tres días. “El juez, de la noche a la mañana, manda un oficio en el que no sabemos dónde y quién le entrega unas cuentas el 22 de julio. Qué casualidad que ese oficio sale en la mañana y llega a acá, a la FAP, a la una de la tarde. Significa que ellos ya sabían que iba a salir ese oficio”, manifestó.

El doctor Kahn agregó que “estos no solo estaban pensando en un millón 200 mil, sino en una cifra mayor, que eran los intereses legales por 45 años, que sale más de 22 millones de soles”.

Finalmente, el procurador dijo que fue el nuevo juez de Maynas, quien antes se desempeñaba como secretario judicial del juez Rioja, el que emitió una resolución “ilegal, irregular y abusiva” porque ordenó el pago de  los S/. 22 millones 650 mil, cuando nunca se les notificó a tiempo del peritaje contable acerca los intereses ganados por el demandante y que, paralelamente, embargó las cuentas y dispuso el pago.

“Él debió primero ponerlo en conocimiento de la Fuerza Aérea y nosotros, dentro de tres días, impugnarlo. Él ha trabado el embargo, ha ido al Banco de la Nación y después nos ha corrido traslado del peritaje. Es por eso que ya hemos interpuesto la queja funcional contra este nuevo juez”, concluyó.

Por último, el procurador resaltó que cada vez que han solicitado hablar con el avionero Jaime Mendoza, es su abogado Jorge Jesús Cecilio quien aparece. “Nunca hemos visto al demandante, solo a su abogado”, concluyó.

Consultado al respecto, un vocero oficial de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Ministerio de Defensa informó que el titular del sector, Mariano Gonzales Fernández, no emitirá pronunciamiento al considerar que el tema, de carácter judicial, está en manos de la Procuraduría de la Fuerza Área del Perú.

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