Le dan con palo a Daniel Figallo y Eleodoro Mayorga por Pichanaki

Pichanaki respira una aparente tranquilidad, pero en Lima la actuación de los “negociadores” del régimen, el jueves, mereció los más duros calificativos.

Y es que desde diversos sectores se interpretó que el gobierno de Ollanta Humala claudicó de forma evidente a sus responsabilidades con el Estado de Derecho y la defensa de la seguridad jurídica del país.

“son unos peleles”. Por ejemplo, al congresista Víctor Andrés Belaunde (Acción Popular) no le faltaron adjetivos para calificar la actuación de los ministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga; y de Justicia, Daniel Figallo.

“Han actuado como ministros peleles, y para eso es mejor que se vayan, porque han hecho un papelón, han hecho el ridículo”, expresó desde el Congreso.

Cuestionó que los representantes del Ejecutivo hayan intentado negociar con Carlos Chavarría, quien no solo es el promotor de las protestas en Pichanaki, sino que ha sido vinculado con grupos radicales como el Movadef y el etnocacerismo.

“Se había advertido que allí se venía generando un problema desde hace un año. Los ministros han claudicado ante el etnocacerismo. Ha sido vergonzoso ver a dos ministros de Estado firmar un acta de claudicación. Demuestra que este es un gobierno sin ningún tipo de liderazgo”, puntualizó.

“se arrodillaron”. Por su parte, Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria) consideró una “actuación patética, ridícula y claudicante” el papel de los ministros de Estado.

“El gobierno del señor Ollanta Humala se ha arrodillado ante un grupo de etnocaceristas gritones, que impone la violencia evitando la posibilidad de un desarrollo económico que estaba pactado con la mayoría de comunidades nativas que estaban allí”, comentó en diálogo con Correo.

A su juicio, tanto Mayorga como Figallo prometieron que Pluspetrol saldría de Pichanaki simplemente “por miedo, por incapacidad y por debilidad”.

En ese sentido, reafirmó su posición sobre una censura del gabinete y la salida urgente del ministro del Interior, Daniel Urresti.

“Les han entregado argumentos por asesinar de bala (la Policía) a una persona. El ministro Mayorga ha dicho ‘le damos tres días de plazo para que se vaya’, a pesar de que el Estado tiene un contrato firmado con Pluspetrol. No puede un ministro, de simple boca, hacer una declaración así. Es completamente ilegal, es pasible de una acusación constitucional”, dijo Mulder.

“claudicaron”. Del mismo modo, el parlamentario Carlos Bruce opinó que el Gobierno “claudicó de manera irregular”, por lo que ahora deberá asumir una posible demanda por incumplimiento de contrato.

“Fue lamentable cómo cedieron sin negociar. Pluspetrol nos puede demandar ante la Corte Interamericana de Inversiones y puede ganar”, explicó.

Además de exigir la salida de los ministros Figallo y Mayorga, Bruce también pidió la renuncia de Daniel Urresti , a quién responsabilizó por la muerte de una persona durante los enfrentamientos del pasado miércoles. “Tiene en sus manos un muerto”, señaló.

sin “pantalones”. De igual modo, el líder de Perú Más, Pedro Pablo Kuczynski, lamentó la actitud del ministro de Energía y Minas por poner en riesgo el contrato con Pluspetrol y ceder ante la presión de “una persona violentista”.

“El ministro no puede decirle al contratista que se vaya simplemente porque no tenemos los pantalones ni la inteligencia para aguantar los reclamos forzados por un grupo que tiene ciertos intereses”, sostuvo.

Según el economista, madereros ilegales estarían detrás de las protestas contra Pluspetrol porque consideran un riesgo el hecho de que ingresen equipos de exploración sísmica a la zona donde ellos realizan sus actividades ilícitas.

“Si uno está en negocios turbios, como la tala ilegal o en el Vraem, que está al sur de este lote, no quiere tener equipos que hacen sísmica. Son gente moderna que pone sus cables y resonancias y se va, pero ellos van acompañados de policías”, mencionó en RPP.

otro conga. La voz de los gremios empresariales también se hizo sentir. Jorge von Wedemeyer, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), manifestó que existe una “evidente falta de previsión y cuidado para atender los conflictos sociales”, lo que terminaría afectando la economía.

“Primero Conga, ahora Pichanaki (...) Hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se tomen, porque lo acordado puede ser un mal precedente para el ingreso de nuevas empresas al Perú (...) La recuperación de nuestra economía podría verse afectada”, sostuvo.

Del mismo modo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, explicó que se “estaría dando un quiebre”, a partir del cual los contratos de ley suscritos por el Estado con las empresas “no necesariamente se estarían respetando en el futuro”.

“Cuando el Gobierno dice que dispone el retiro de la compañía, hay que ver cuál es el alcance de ese compromiso. ¿Lo dispone para hacer trabajos de gabinete o lo dispone para que se interrumpa el contrato? Eso no está dicho. Y tenemos que velar por que quede claramente establecido que el Estado peruano sí respeta sus contratos”, declaró en RPP.