A pesar de que resulta positiva la nueva normatividad para sancionar el delito de lavado de activos y aplicar efectivamente la Ley de Pérdida de Dominio para evitar la inserción de dinero ilegal en la economía, esta no puede ser usada para una cacería de brujas, opinaron varios expertos.

Para el penalista Luis Lamas Puccio, dichas normas fortalecidas por el gobierno tienen que manejarse de manera adecuada.

"Es positivo siempre y cuando se maneje de manera racional, porque tampoco se puede convertir en una cacería de brujas. Todo dependerá de cómo manejas el tema de los jueces y fiscales", indicó.

Por su parte, el abogado César Nakazaki opinó que las únicas personas que pueden ser denunciadas por lavado de activos cuya procedencia no sea producto del crimen organizado, son los funcionarios públicos. "Ninguna persona particular puede ser denunciada si no se demuestra un delito precedente. No basta que tenga un patrimonio no justificado, sino que además tengo que vincularlo con un delito fuente", dijo.