Lo que al principio parecían simples denuncias -como se pretendió hacer creer- sobre supuestos manejos irregulares al interior del Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco (Cosituc), por parte de su exgerente Orlando Olivera Enríquez, resultaron ser tan ciertas que en la actualidad hay tres investigaciones en el Ministerio Público, y una de ellas con acusación fiscal, solicitando 14 años de cárcel para dicho exfuncionario por los delitos de peculado, negociación incompatible y colusión. Hechos estos que pretendieron ser cubiertos por los medios de comunicación locales con publicidad pagada del Cosituc o del Boleto Turístico de la región.

La citada acusación se refiere a casos y montos pequeños. Nos referimos a la investigación generada a raíz del documento de la Contraloría General de la República denominado "Informe Especial Nº 323-2010-CG/ORCU-EE", que da cuenta de pagos irregulares a una profesional de Derecho en el mes de enero del 2009 para emitir informes sustentatorios de la conversión del Cosituc, que hasta entonces dependía de la Municipalidad Provincial del Cusco, a la categoría de Organismo Público Descentralizado (OPD), a pesar de que dicho servicio legal ya lo habría brindado con anterioridad, generando un perjuicio al Estado por un monto de S/.13,500.00.

Otro caso del mismo informe es que Cosituc contrató servicios de seguridad turística sin observar las exigencias que establece la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado y del servicio de seguridad privada, generando un perjuicio de S/. 31,584.00 y que la ejecución contractual presenta irregularidades.

Según la Contraloría, Cosituc efectuó dichas adquisiciones y contrataciones en el período 2008 - 2009 con la retención irregular del 12% de los recursos públicos del Boleto Turístico que pertenece a los municipios provinciales (Cusco, Urubamba, Calca y Quispicanchi) el 20%; municipalidades distritales (Cusco, Ollantaytambo, Pisac, Chinchero, Maras, Oropesa y Lucre) el 40%; Dirección Regional de Cultura (exINC) el 30% y Dircetur el 10%.

MINISTERIO PÚBLICO. En un principio, el caso fue sobreseído por el fiscal Iván Jesús Loo Sun con el argumento de que Cosituc era una entidad de "carácter privado" y que no percibía dineros del Estado, sino los recursos directamente recaudados por la venta del Boleto Turístico.

Apelado el caso, en enero del 2012, el fiscal superior Carlos Pérez Sánchez, con la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, opina lo contrario y dice que Cosituc recauda fondos del ingreso de los turistas a los bienes públicos (complejos arqueológicos) con la venta del Boleto Turístico.

El mismo fiscal, en la disposición Nº 041 -2012, ordena que la investigación se reasigne a la fiscal provincial penal corporativa Gladys Fanny Quispe Humpire para que formule la acusación contra el exgerente de Cosituc, Mauro Orlando Olivera Enríquez y otros por los delitos antes citados y los 14 años de carcelería para el referido exgerente y otras penas para los implicados, además de sus inhabilitaciones para desempeñar cualquier función pública.

Por ese entonces, en el 2009, a pedido del excongresista José Vega Antonio, la Contraloría General de la República generó los informes Nº 323 y 303. En este último se habla de un perjuicio contra el Estado por S/. 1'471,653,29 por el cambio ilegal del personal del Cosituc del régimen público al "privado", aumentos indebidos al personal, entre otros, violentando las leyes de la administración pública, la Ley Orgánica de Municipalidades, de Control y de Presupuesto.

EL INMUEBLE. Otro caso que se ventila en el Ministerio Público del Cusco es la compra del inmueble que se hizo en la gestión del exgerente de Cosituc -donde hoy funciona esa entidad- por un valor de 4.5 millones de soles. Este tema está en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa a cargo del fiscal adjunto Alex León Martínez.

En este nuevo proceso, Olivera Enríquez es investigado por el presunto delito de peculado y colusión, que se deducen de la presunta sobrevaloración de la compra del citado inmueble ubicado en Barrio Profesional, lote A-2, en la ciudad del Cusco, por el valor antes mencionado; sin embargo, su anterior propietario Rommel Peralta Villalba lo adquirió por $95,000.00, con lo que se evidenciaría que se ha pagado más de la cuenta por la casa y se presume el contubernio con el vendedor.

El inmueble se adquirió en el 2011 y el expediente está en la etapa de investigación preparatoria, habiendo sido declarado complejo, por lo que el fiscal dispuso ampliar la investigación contra los integrantes del directorio del Cosituc, quienes habrían avalado la compra del inmueble.

Están inmersos en la investigación el alcalde provincial del Cusco, Luis Flórez García, como presidente del directorio; el exdirector del INC (hoy Dirección de Cultura Cusco) Jorge Zegarra Balcázar; y el actual director de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), Víctor Hugo Pérez. Este último también ocupó dicho cargo en el 2008, fecha en que el directorio habría autorizado a Olivera Enríquez adquirir el inmueble en cuestión.

Una de las acciones que realizó dicha fiscalía es la incautación de los documentos del Cosituc, diligencia que se realizó el pasado 18 de mayo.

PAGO A FALSOS PERIODISTAS. El reciente caso que ha tomado en cuenta el Ministerio Público es el presunto pago a falsos periodistas por concepto de publicidad. Se supo que Cosituc estuvo pagando a personas que no tenían medios y mucho menos programas en radio o televisión. El desembolso iba hasta los 2 mil soles mensuales por abonado en muchos casos.

Se presume que hubo un gasto millonario por concepto de publicidad que se pagó también con la retención indebida del 12% que le corresponde a las instituciones beneficiarias del Boleto Turístico. Por ejemplo, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso este medio, sólo en junio del 2011 se pagó S/.73,460.

El caso ya está en manos del titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, Walter Becerra, quien ya anunció que citará a los implicados de los presuntos pagos irregulares en las próximas semanas.

HABILITOS. Otras denuncias que salieron a luz son también los retiros ilegales de dinero -habilitos- que hicieron los trabajadores de esta entidad. Es el caso del relacionista público Víctor Abel del Castillo, quien no rinde cuentas de los retiros dolarizados que hizo desde el 2009 hasta el 2011 y que, al tipo de cambio actual, supera los 260 mil nuevos soles, por lo menos hasta el 22 de febrero de este año, fecha en que la Gerencia de Administración Financiera de Cosituc da cuenta al gerente general Orlando Olivera, de rendiciones pendientes de liquidación.

En todo ese tiempo el exgerente nunca salió a explicar a todos los medios lo que ya era un escándalo en el Cusco, sino que llamó una sola vez a los periodistas de su entorno.

¿PÚBLICO O PRIVADO?.Ahora la discusión se centra en si el Cosituc es privado o público. El exgerente se valió del Decreto Supremo Nº 003-2011-MINCETUR, que en el Art. 25 del Reglamento de la Ley Nº 28719, Ley del Boleto Turístico, señala que "el Cosituc es un comité de hecho, regulado por los acuerdos de su directorio y las disposiciones de los artículos 130º y siguientes del Código Civil, siendo un comité de derecho privado. El personal de Cosituc está comprendido en el régimen laboral correspondiente a la actividad privada (...)".

Este artículo del reglamento colisiona con la ley, que en ninguna parte precisa el carácter privado del Cosituc, ni menos está la reiterada retención indebida del 12% de los ingresos del boletaje para la visita a los lugares arqueológicos e históricos del Cusco, retención impúdica que en los últimos meses ya ha llegado al 30%.

Los expertos han señalado en la Ciudad Imperial que esa "privatización chicha" del Cosituc es una aberración jurídica porque es inconcebible que una supuesta empresa "privada" pueda administrar una tasa tributaria (recaudadora de fondos del acceso de los turistas a los complejos arqueológicos) que solo puede ser manejada por un ente del Estado.

Además, el directorio está integrado por el gobierno regional del Cusco a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), la Dirección Regional de Cultura y la Municipalidad Provincial del Cusco, cuyo alcalde preside Cosituc.

Actualmente, ya con Orlando Olivera fuera de la entidad, una comisión de abogados trabaja para "interpretar" si Cosituc es un ente público o privado. Otras opiniones señalan que hay varias soluciones: 1) Que el Congreso de la República modifique el Art. 25 que lo convierte en "privado". 2) Que la iniciativa lo tome el propio Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). 3) Que la Municipalidad del Cusco y el directorio del Cosituc cambien el acuerdo de directorio que "privatizó" Cosistuc y exijan la modificación en la vía administrativa o legislativa.

LA CONTRALORÍA. En tanto, el contralor de la República, Fuad Khoury, durante su última presentación ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, el mes pasado, dijo que la entidad fiscalizadora volverá a entrar a Cosituc a raíz de las denuncias hecha por el diario Correo Cusco. Asimismo, también señaló que esa entidad es pública y que los fondos recaudados por la venta de los citados boletos son recursos del Estado porque provienen del cobro por el ingreso a los lugares históricos, integrantes del patrimonio cultural de la Nación, de propiedad pública y registrados en bienes raíces por el Ministerio de Cultura. Raúl Cabrera Ramos - rcabrera @grupoepensa.pe