La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad administrativa en funcionarios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) por, precisamente, ejecutar procesos de formalización individual, pero en zonas de riesgo no mitigable, declaradas así por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); es decir, en lugares que no pueden ser habitados debido al alto riesgo por desastres naturales.
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En la región La Libertad, de acuerdo con el informe de Control Específico N°012-2024, del Órgano de Control Institucional (OCI) de Cofopri, el proceso de formalización integral se ejecutó en el asentamiento humano Alan García, en la provincia de Virú, y en el asentamiento humano Alto Perú – Barrio 2, en el distrito de Chicama, provincia de Ascope.
En ese sentido, en el asentamiento Alan García, la Contraloría informó que el tipo de riesgo es por inundación pluvial y faja marginal, mientras que en Alto Perú, el riesgo existente es por huaicos y activación de la quebrada Mal Alma
“Del análisis a la información registrada en el Sistema Integrado de Titulación y Calificación de Cofopri, relacionada con el asentamiento humano Alan García y asentamiento humano Alto Perú, se evidencia que se autorizó la emisión y se solicitó la inscripción de títulos o instrumentos de formalización de lotes ubicados en zona de riesgo no mitigable, en las que está prohibido el otorgamiento de titularidad”, informó el OCI de Cofopri.
Restricción
Hipólito Cruchaga Mercedes, director del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en La Libertad, afirmó que, en efecto, es imposible ejecutar una titulación directa sin tener antes un panorama claro frente a las condiciones de riesgo de una zona.
“Cofopri tiene un área de Evaluación de Riesgos y tendría que haber hecho un cruce de información con las municipalidades y el gobierno regional, porque esto es parte de la normativa. No se puede titular directamente si no se tiene esa información. Si han titulado sin esa información, entonces van a tener que evaluar lo que han hecho”, sostuvo.
En esa línea, se autorizó la emisión de los instrumentos de formalización (títulos sin inscripción registral) de tres lotes ubicados en el asentamiento Alan García y de cuatro lotes en Alto Perú.
“Es mejor que una inversión de este tipo se haga en otro lugar. En estas zonas declaradas de riesgo no mitigable ya no se puede hacer nada”, añadió Cruchaga.
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La Controlaría también precisa que el MVCS emitió la resolución ministerial N° 095-2018-VIVIENDA, el 15 de marzo de 2018, en la que precisó las zonas no mitigables. El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, aseguró que la medida del Gobierno Central es precisa y su aplicación, evidentemente, es obligatoria.
“El Ministerio de Vivienda es muy explícito en este tema. Para poder titular y para fines de formalización se implementó una norma con el que se especificó que se debía realizar un análisis de riesgo. Esto lo hace un ingeniero civil”, sostuvo.
El funcionario, no obstante, no está seguro de que haya existido alguna negligencia desde Cofopri. Detalló que, lo más probable, es que no se haya cruzado información entre los municipios y la entidad de formalización.
“En ese sentido, pienso que el error pasa por la no socialización de información entre entidades. A diario o mensualmente, los gobiernos locales o gobierno regional generan evaluaciones de riesgo de zonas donde van a construir proyectos, pero ninguno de estos se publica y eso genera retrasos”, afirmó.
Respuesta
En el cuadro de personas comprendidas en los hechos de presuntas responsabilidades, que figura en el referido informe de Control N°012, aparece el jefe zonal de Cofopri La Libertad, José Zelada Alfaro, a quien, la Contraloría lo vincula con una presunta falta. Diario Correo se comunicó con el funcionario para consignar su declaración sobre este tema; no obstante, nos precisó que estaba de vacaciones y que la próxima semana nos brindaría una entrevista “para aclarar el caso”.
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