El Ejecutivo publicará ley contra la corrupción en el sector privado

Hacer negocios es 10% más caro por este delito. Perjudicar a la propia empresa en beneficio de intereses de terceros será sancionado por decreto supremo

El Ejecutivo publicará ley contra la corrupción en el sector privado

Por: Redacción Multimedia

El accionar de una persona en perjuicio de la propia empresa en la que trabaja se considerará como corrupción en el sector privado, anunció Susana Silva, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Es un decreto supremo importante que está ad portas de salir. Se revisó las últimas versiones y se consensuó con el sector privado. Hay que tener la opinión de este sector porque va a regular una modalidad de corrupción que se da en el ámbito privado”, indicó a la agencia Andina.

Hasta la fecha no se había emitido una norma que regule esta práctica como corrupción, un delito que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), eleva el costo de hacer negocios hasta en un 10%.

DELIMITACIÓN

Silva explicó que en algunos casos las empresas detectaban dentro de su organización a trabajadores que, en perjuicio de los intereses de la propia empresa, buscaban beneficiar a terceras personas, y no tenían cómo denunciarlos, salvo demostrar que se cometieron otros delitos. Por ello, la norma ha sido evaluada con representantes del sector privado a fin de recibir aportes.

LAS VISITAS POR LOBBY

Además de este decreto supremo, se está trabajando otra norma que especifique y regule la gestión de intereses, conocida como “lobby”.

Pese a que desde el 2004 esta práctica se encuentra regulada por la Ley de Gestión de Intereses (N° 28024), la funcionaria explicó que este tema todavía no está suficientemente claro. La iniciativa que el Ejecutivo prepara apunta a esclarecer en qué supuestos las visitas a funcionarios constituyen, o no, una gestión de intereses.

La norma actual ya prevé una sanción cuando la persona que promueve estos intereses particulares no está registrada como tal. Por el lado del sector público, se emitió un decreto para obligar a los miembros del Ejecutivo a presentar su declaración de intereses. La base de datos está en elaboración, pero el propósito es que sea de conocimiento público.

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