Recurso de casación de Aldo Guevara no prospera y debe cumplir con sentencia judicial

El candidato a Ocucaje fue condenado por peculado doloso tras donarse un lote de terreno del cementerio

Recurso de casación de Aldo Guevara no prospera y debe cumplir con sentencia judicial

Por: H. Aldoradín

El Jurado Electoral Especial (JEE Ica) decidió excluir al candidato distrital de Ocucaje por el Movimiento Regional Obras Por la Modernidad, Luis Aldo Guevara Uchuya, por no incluir en su hoja de vida que tenía una sentencia por el delito de peculado (Expediente N° 421-2013). 

Guevara apeló la resolución del JEE Ica con el argumento que ha dicha sentencia dictada en primera y que en la segunda instancia se interpuso el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Sin embargo, esta pretensión, desde el 14 de marzo de este año, se encuentra declarada como inadmisible al no señalar “las razones que justifican” el recurso extraordinario de casación. 

El 9 de mayo del 2017, un Juzgado Unipersonal condenó a Guevara Uchuya, Jorge Luis Rodríguez Dávila, Will Álvarez Carrizales, Julio Yolanda Arcos Morón y José Guillermo Risco Cornejo como autores y responsables del delito de peculado doloso por apropiación. 

Los cinco procesados recibieron una condena de cuatro años de prisión suspendida, así como inhabilitación “por un año y ocho meses consistente en la privación del cargo que ejercen los imputados aunque provenga de elección popular, así como impedimento de obtener mandato o cargo, empleo o comisión de carácter público”.

El ahora excandidato al sillón municipal de Ocucaje y los co procesados apelaron la decisión y la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia el 31 de enero de este año, con la resolución N° 20, confirmó la sentencia de primera instancia.

RESTRICCIONES. Al no prosperar el recurso de casación, la sentencia quedó consentida y Guevara Uchuya debe cumplir con la sentencia y está inhabilitado para ser candidato.

Con la Ley 30717 se incorporaron nuevos impedimentos para postular, entre ellas está que “las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso”.

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